Horror. Imputados por trata de personas: ofrecían $ 200 mil por la virginidad de niñas afuera de un colegio
A los cuatro adultos se les dictó la prisión preventiva. Lo que se sabe.
La justicia federal de Salta formalizó la imputación de cinco personas, incluyendo un menor de edad, por una compleja red de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual de adolescentes en las inmediaciones de un colegio secundario en la zona sur de la ciudad. La causa se activó tras recibir denuncias de familiares preocupados por sus hijas. A los cuatro adultos se les dictó la prisión preventiva.
La investigación, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, con la colaboración de la Protex y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), reveló una estructura criminal que captaba a alumnas de cuarto año, ofreciendo cuantiosos pagos por encuentros sexuales.
Un remisero como figura clave y un menor de edad como nexo
Según la imputación del juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, los acusados incluyen a un remisero, tres clientes adultos y un menor de edad, todos señalados con distintos grados de participación.
El modus operandi de la red era perverso: un alumno del mismo colegio, definido como “amigo íntimo de las víctimas”, era utilizado como nexo para captar a las adolescentes. Este menor, a quien le pagaban por “presentar chicas”, les decía a sus compañeras: “Por ser virgen te van a dar $ 200.000“.
En otros casos, se ofrecían $ 60.000 por besar a un hombre, de los cuales el adolescente recibía $ 30.000. Este menor, además, facilitaba al remisero información sobre la condición de virginidad de las adolescentes, un elemento altamente valorado por la red.
El remisero, de 63 años, era una figura central en la logística y captación. Aprovechaba la confianza que el servicio de transporte escolar representaba para los padres para acercarse a las víctimas y sus familias. El fiscal Villalba lo describió como alguien que “se dedicó a captar de una manera perversa a niñas para ofrecerlas sexualmente a determinados clientes”. Este hombre también es acusado de abuso sexual tras intentar sumar a la red a la hermana menor de una de las víctimas, de sólo 12 años.
Mecánica de la captación y explotación
La investigación detalla que la red funcionaba mediante el contacto de adolescentes, con pagos que variaban entre $ 60.000 y $ 200.000 según la práctica sexual, siendo el mayor valor para las adolescentes vírgenes. Los pagos se realizaban mediante transferencias o en efectivo. Los encuentros se concretaban en moteles de la ruta 26 o en el domicilio de uno de los clientes, donde habitualmente se consumían estupefacientes. El remisero sugería a las adolescentes ir a hoteles para evitar la revisión de vehículos.
Se descubrió un código entre el remisero y las menores para pactar los encuentros: “Vamos a hacer la onda“. El remisero fijaba las citas cerca del fin de la jornada escolar, controlando toda la operación desde su auto, un Volkswagen Voyage blanco. Además, exigía a las menores grabaciones en posiciones sugestivas para ofrecer sus “servicios” a los clientes. El fiscal Villalba enfatizó que “el delito de trata de personas cosifica al ser humano, considera al cuerpo como una alcancía”.
Amenazas y terror entre las víctimas
El remisero mantenía a las víctimas bajo amenaza permanente, advirtiéndoles que informaría a sus padres sobre su participación, asegurando así su sometimiento psicológico. El miedo era palpable entre las adolescentes; una víctima relató que había temor cuando veían el auto blanco merodeando el colegio.
Un episodio extremo que figura en la causa detalla cómo una joven, ante el intento del remisero de forzarla a subir a su vehículo, subió a un colectivo y sufrió un episodio de incontinencia urinaria por el estado de shock.
Investigación en curso y más posibles víctimas
La primera denuncia data del 26 de julio del año pasado, cuando una madre encontró mensajes de carácter sexual en el celular de su hija con el remisero. Aunque la causa se desestimó inicialmente en la Justicia provincial, fue reactivada al pasar al fuero federal este año, sumándose otra denuncia de una madre que acusó a un compañero de colegio de intentar captar a sus hijas de 16 y 13 años.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para los adultos imputados, lo cual fue respaldado por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, quien destacó el temor de las víctimas. Se pidieron peritajes de los teléfonos celulares secuestrados y el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los sospechosos, con penas que van de 10 a 15 años de prisión.
Durante los interrogatorios, dos de los clientes negaron conocer la edad de las víctimas y su participación en la explotación, pero la fiscalía refutó estos argumentos con las pruebas reunidas, y el juez federal también les dictó la prisión preventiva.
Las autoridades confirmaron que hay más víctimas identificadas que prefirieron no declarar, y se esperan nuevas pericias, lo que mantiene abierta la posibilidad de futuras imputaciones.
