Grave imputación por explotar a 2 jóvenes

Omar Marcelo Gauna, 36 años, alias "Cabezón", quien dice ser changarín y jornalero, que sabe leer pero no escribir, afronta una de las imputaciones más graves que se conozca en la provincia por trata de personas. El juez federal de San Francisco, Mario Eugenio Garzón, resolvió dictarle la prisión preventiva por cuatro hechos diferentes de explotación sexual, golpes y amenazas. Sobre Gauna pesan ahora los supuestos delitos de "trata de personas menores de edad doblemente agravado por mediar violencia y amenazas sobre la persona de la víctima, abuso de situación de vulnerabilidad y por tratarse de una persona conviviente"; "promoción y facilitación a la prostitución de menores de edad doblemente agravado"; "trata de personas mayores de edad agravado por tratarse de una persona conviviente, con la finalidad de explotarla sexualmente, aprovechando su relación sentimental, situación de convivencia y de vulnerabilidad económica; y promoción y facilitación a la prostitución de mayores de edad agravado".Como se suele describir vulgarmente en los pasillos de los tribunales, a Gauna le tiraron con todo el Código Penal por la cabeza. Sucede que las denuncias en su contra están sustentadas en relatos que marcan una violencia extrema hacia las mujeres, según el expediente.La primera joven en denunciarlo testificó que, cuando tenía 14 años, convivía con Gauna, quien comenzó a obligarla a tener relaciones sexuales con otros hombres, bajo amenazas de golpearla o matarla. Agregó que por esos encuentros sexuales, que se extendieron hasta que tuvo 17 años, ella no veía dinero sino que le pagaban directamente a él.En su extensa declaración ante la Justicia, contó que el imputado no la dejaba utilizar ningún método anticonceptivo, por lo que quedó embarazada.E indicó que Gauna solía llevarla a bares, hoteles o a la ruta para encontrarse con los "clientes", además de trasladarla con un documento apócrifo hacia un prostíbulo de la localidad de Selva, en Santiago del Estero. El local tenía las ventanas con candados y las puertas cerradas con llave. Dos semanas después, la buscó para trasladarla a otra whiskería de Santa Fe.Señaló, además, que Gauna la obligó a tatuarse su nombre, algo que también habría hecho con otras tres mujeres que habría prostituido, según la denuncia. Otra denuncia. A este testimonio se le sumó otro, el de una joven que también convivió con él. Señaló que a los tres días, el imputado la empezó a prostituir en la ruta limítrofe con Suardi, Santa Fe, amenazándola con golpearla. Dijo que esta situación se extendió durante cinco años, lapso en el que tuvo dos hijos. Apuntó que Gauna también la llevó hacia el prostíbulo de Selva. "Agregó que perdió un embarazo por estar trabajando en la ruta, indicando que luego de tener relaciones con un cliente, tuvo dolores y Gauna la llevó al hospital donde perdió a su hijo", se lee en el expediente. Niega todo. En su defensa, Gauna negó las imputaciones, reconoció haber sido pareja de las dos denunciantes y señaló que jamás las golpeó, algo que se contradice con los informes ambientales que arrojó la investigación. Y denunció que esta causa se la había "armado" la Policía porque tres efectivos están imputados por haberle disparado en un operativo antidrogas.El caso se remonta a marzo de este año, cuando Gauna recibió un balazo en la espalda y abdomen.En julio, la entonces fiscal de Morteros, Betina Croppi, determinó la elevación a juicio del caso, acusando a los policías Ingrid Casas, imputada por lesiones graves agravada, y Nicolás Colombo y Cristian Taborda, por abuso de arma de fuego y encubrimiento agravado. La investigación habría determinado que Casas disparó contra Gauna al considerar que realizó un movimiento sospechoso, pero apunta que "cuando comprobaron que estaba desarmado le plantaron un arma en la alcantarilla de la casa".En el domicilio se secuestraron 500 gramos de marihuana, cocaína, y cuatro armas.No obstante, en septiembre el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut –que lideró la investigación por trata–, apeló para que la causa pasara a la Justicia Federal, solicitud que fue aceptada, por lo que la elevación a juicio ahora quedó en suspenso.