El titular de la firma Agustino pidió que se anularan los allanamientos

El abogado de la firma Agustino, que se dedica a la venta de indumentaria de cuero, solicitó a la Justicia federal que anulara los 25 allanamientos que se ejecutaron el viernes de la semana pasada en distintos domicilios relacionados con esta empresa.El letrado Juan Bautista Martínez se presentó ayer en el Juzgado Federal N° 1 y entregó un escrito en el que asegura que el titular de la firma, Gustavo Arce, se había acogido al "blanqueo" fiscal, por lo que no correspondía la persecución judicial.Ahora, el juez federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, debe correr vista de esta situación al fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, que aún no intervino en este caso, para que dé una opinión al respecto.Luego de esta respuesta, el magistrado deberá decidir sobre la presentación del letrado. La firma Agustino ha quedado en el centro de la mira judicial tras una denuncia anónima que llegó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y que daba cuenta de movimientos internos compatibles con una presunta evasión fiscal.Ante esto, el viernes pasado, el juez Bustos Fierro ordenó ingresar en las 25 sedes de la firma, en la capital provincial y en otras zonas del país, "para resguardar la prueba", según se indicó desde el propio juzgado.Al mismo tiempo, trascendió que la investigación del presunto delito puede llevar entre ocho y nueve meses hasta que se pueda determinar si existió o no. Recurso Ayer, el abogado de Arce insistió en que los operativos debían ser declarados nulos porque "se habían afectado garantías constitucionales de derecho a la defensa y al debido proceso".En síntesis, Martínez entiende que Arce se había acogido a la ley de sinceramiento fiscal, conocida como "blanqueo", a través de una de sus firmas, Dominico SRL. Según dijo, este trámite ingresó el 20 de septiembre pasado y finalizó el pasado 6 de este mes, cuando Arce abonó una multa del cinco por ciento sobre el total declarado. Se trata de la justificación de una propiedad inmueble por un total de 40 millones de pesos que se adjudica al período 2013, 2014 y 2015, según indicó ayer el letrado."Según se estableció, si se adhiere al 'blanqueo' no puede existir persecución judicial, pero en este caso la Afip no le informó al juzgado de esta situación", completó Martínez.Sobre el resto de los domicilios allanados, el abogado sostiene que tampoco se los puede perseguir por evasión, ya que aún hay tiempo hasta el 31 marzo de 2017 para continuar con el "blanqueo". Ahora resta conocer si la Justicia federal interpreta lo mismo o no, y si avanza en una imputación.