Cuando el delito nace donde debe combatirse

Ya no es excepción que en sedes policiales o judiciales, además de combatir delitos o aplicar la ley, se cometan nuevos ilícitos.

En los últimos años, los robos en esas dependencias se vienen repitiendo, aunque trascienden sólo aquellos en los que el delito es indisimulable.

Si nos centramos nada más que en robos, lo más inmediato es el saqueo de 72 pistolas Bersa Thunder flamantes del arsenal de la Jefatura de Policía de la Provincia, la sustracción de la camioneta de la Fiscalía General en la cochera del Palacio de Tribunales 1 y la frustrada incursión de un intruso que quiso llevarse nada menos que 21 kilos de cocaína del depósito de una secretaría penal de Tribunales federales.

Son delitos de diferente modalidad pero con la similitud de haber sido cometidos en el mismísimo “nido” del cuartel general de instituciones dedicadas al combate del delito.

Otros hechos acaso no cobren trascendencia –menor o de ningún tipo–, como la violación de la cerradura de otra Secretaría Penal de Tribunales federales, en julio pasado.

Cabría preguntarse si esos tres hechos mencionados, de fuerte impacto mediático, no son la punta del iceberg de muchos otros que se suceden a diario en sedes policiales y judiciales.

Estos delitos cometidos en las sedes donde se lidia con el delito generan nuevas investigaciones que no siempre llegan a resultados tangibles.

El ejemplo más concreto es el escándalo por el robo masivo de las pistolas de la Policía, que tropieza con la falta de colaboración de la misma institución. Hasta el momento, sólo se consiguió recuperar 21 armas.

En la calle y en manos desaprensivas, todavía hay al menos 51 pistolas que deberían estar en poder de uniformados, para combatir la inseguridad y no para aumentarla.

Esa falta de avances en las investigaciones da lugar a muchos interrogantes respecto del compromiso que tienen quienes deben mirar hacia dentro de la propia institución que integran.

El periodismo suele ser incisivo cuando se conoce el surgimiento de estos hechos, pero también debe interrogar si a lo largo del tiempo se llega a conclusiones certeras, con responsables y sanciones.

Por citar un caso de la cotidianidad de sustracciones en sedes policiales y de la falta de respuestas cabales de la investigación, queda como incógnita quién es el responsable de la facilitación del arma que en 1998 mató al panadero Héctor Corradini y que había sido sustraída del arsenal de una comisaría.

Luego de dos juicios orales, se condenó a prisión perpetua a la viuda de la víctima y a quien secuestró al panadero antes de que apareciera asesinado.

Pero parece que entre las filas policiales no hay responsables de que el revólver haya sido sacado para cometer un crimen.

Los casi 20 años que transcurrieron desde aquel penoso crimen, con una dilatada investigación y un prolongado proceso en Tribunales, sirven para apreciar a qué resultados se llega en muchos procesos en los que están involucradas las instituciones que deben combatir el delito.

En definitiva, con sólo repasar las estadísticas de las publicaciones, se llega a la conclusión de que los que terminan pagando están fuera de esas instituciones.