Confirman procesamiento contra los administradores de un campo
Fueron demandados por un abogado que invirtió 300 mil dólares y nunca le rindieron cuentas.
La Cámara de Acusación ratificó lo actuado por el fiscal Pablo Molina y ordenó que prosiga investigando la actuación de tres administradores de un campo de Cruz del Eje, imputados por defraudación. El abogado Juan Barizábal Izzo adquirió un campo junto a tres socios que actuaron como administradores, Carlos Barale, su hermana Adriana Barale y el esposo de ésta, José Luis Weissbein. Según los autos, les entregó 300 mil dólares en 1998, pero hasta ahora no consiguió que le rindieran cuentas ni que le devuelvan la inversión.Según sostiene el denunciante, por el dinero invertido le correspondía un 25 por ciento de la sociedad, pero sólo le adjudicaron un 12 por ciento. Años más adelante le propusieron que los represente en un fideicomiso en Alta Gracia, a cambio de otorgarle las ganancias no rendidas y el porcentaje que debía tener en el campo de Cruz del Eje. Pero eso no ocurrió, según Barizábal, porque después de obtener sentencia favorable le revocaron el poder.Tras la denuncia, la causa recayó el año pasado en el fiscal de Instrucción de Distrito IV, Turno 5, Pablo Molina, quien imputó a los tres denunciados por defraudación por administración fraudulenta.Pero antes de que comenzaran las actuaciones, los imputados pidieron que se declare la prescripción de la causa.El juez de Control 5 Carlos Lescano, ratificó lo actuado por Molina, por lo que la defensa de los imputados volvió a recurrir. Por unanimidad, la Cámara de Acusación integrada por Gabriel Pérez Barberá (autor del voto), Carlos Alberto Salazar y María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapelatto, rechazó el recurso de la defensa y ordenó a Molina que continúe (o inicie) la investigación.Para el tribunal de alzada si hubo fraude éste bien puede haberse cometido después de 1998. "Aún suponiendo que al momento de la firma del contrato de reconocimiento de porcentaje haya existido un embuste por parte de los imputados, lo cierto es que el tiempo de la prescripción no puede comenzar a computarse desde el día en que se llevó a cabo, sino desde el momento en que se operó el prejuicio patrimonial", sostiene Pérez Barberá.Ahora, Molina tiene vía libre para seguir con la investigación de José Luis Weissbein, Adriana Barale y Carlos Barale con la figura de defraudación por administración fraudulenta con penas previstas en el Código Penal de uno a seis años de prisión.
