Asumir el descontrol

Durante largos días, el rumor se iba alimentando cada vez de más datos falsos.

El caso del policía grandote y gordo que había corrido desnudo para salvarse de otro colega que lo había encontrado en la cama con su mujer, pronto llegó a algunos medios, que lo hicieron trascender al público en general.

El caso generaba, sobre todo, risotadas. Y, al mismo tiempo, aumentaba la gran mancha sobre el uniforme azul. Una mácula que en los últimos tiempos no deja de extenderse.

Pero aquella situación en particular había sido toda una fábula. Un invento en medio de una interna siempre latente al interior de la fuerza.

Sin embargo, desde la Jefatura demoraron en desmentirlo. No por pereza, sino porque durante esos días, no lograban establecer si era cierto o no.

Esa demora evidenció, como otras veces, que algo no estaba aceitado.

Porque tanto adentro de la Policía como en el Gobierno nadie estaba en condiciones de tener información de primera mano sobre todo este río subterráneo de datos e informaciones (verídicas y falsas) que cada vez es más caudaloso al interior de la institución. Y que siempre termina por trascender al exterior.

“Muchas veces nos enteramos de los casos primero por la prensa”, se sinceró el miércoles un funcionario.

Fue en el marco del anuncio de la (re)creación de la Dirección General de Control de Conducta Policial, una suerte del viejo Asuntos Internos que hace ya varios años fue eyectado bajo la consigna de que los policías no podían investigarse entre ellos.

Ahora, se anunció su regreso, pero no sólo con la premisa de sancionar a los subalternos que se afeitan mal o no se cortan el pelo como corresponde.

La idea política es estar mucho más encima de la Policía, cuyo autogobierno quedó evidenciado como nunca antes en la pesadilla del 3 y 4 de diciembre de 2013, cuando el acuartelamiento puso en jaque a toda una provincia.

Una puja salarial sobre la que algunos aprovecharon para cabalgar en procura de otros intereses mucho más oscuros, y que tienen relación directa con la enorme caja que supone administrar una ciudad azul de casi 20 mil hombres y mujeres.

El objetivo oficial ahora declarado de que van a controlar puertas adentro encierra toda una admisión: la fuerza continúa descontrolada.

Porque el caso del subcomisario Víctor Barrionuevo (jefe de Investigaciones de Villa Allende), detenido el 24 de diciembre último sospechado de integrar la banda que asaltó a un grupo de magistrados, funcionarios políticos y empresarios que cenaban en una casa de Cofico, fue como un naipe que comenzó a empujar al suelo a todos los otros.

Desde entonces, la seguidilla es tremenda: al menos 10 policías implicados en diferentes situaciones delictivas de todo tipo.

Tampoco es menor el hecho de que hayan sido apresados por sus colegas, algo que poco se ha valorado hasta ahora.

Porque si bien la descomposición asoma profunda, también hay síntomas que permiten pensar en que todavía no es estructural.

En su mayoría, los imputados han sido agentes que ingresaron en la fuerza en la última década.

Lo que pone en relieve otra discusión aún no encarada: la selección, formación y seguimiento de los agentes.

Aunque el gobernador Juan Schiaretti insiste en advertir que no tolerará a “delincuentes disfrazados de policías”, lo concreto es que ninguno de ellos simulaba con ropajes que no le eran propios: son policías que aprobaron todos los filtros de ingreso.

Otra cara de una realidad que no deja de recibir cachetazos.