Ya suman 2.400 los reclamos a la Caja
Son planteos administrativos previos a una demanda judicial en contra del recálculo de haberes. El 25 por ciento corresponde a jubilados y pensionados docentes. El organismo tiene plazo de 120 días hábiles para responder, pero empezaría a hacerlo en abril.
En apenas dos meses, la Caja de Jubilaciones recibió alrededor de 2.400 reclamos administrativos en contra de la reforma que provocó un recálculo en los haberes previsionales. En promedio, si se cuentan sólo los días hábiles, equivale a más de 60 expedientes ingresados por día. La mayoría de los planteos han sido presentados por estudios jurídicos y apuntan a cumplir con un objetivo formal: agotar la vía administrativa como paso previo a un recurso judicial, sean amparos o juicios ordinarios. El 25 por ciento de los reclamos receptados fueron encabezados por jubilados y pensionados docentes, según fuentes del organismo.Si bien hay un equipo encargado del análisis de cada expediente, trascendió que un grupo de abogados del área de Legales está trabajando en las puntadas finales de lo que, consideran, será el caso testigo, detrás del cual se replicará la respuesta formal de la Caja de Jubilaciones que, se descuenta, consistirá en rechazar los reclamos.El ente tiene un plazo de 120 días hábiles para responder, aunque las primeras respuestas de la Caja se darán a conocer el mes que viene. Si no contestase los reclamos, quedará habilitada en forma automática la vía contencioso administrativa en la Justicia provincial. De lo contrario, tras la respuesta de la Caja, los beneficiarios que reclaman pueden interponer un nuevo recurso administrativo, esta vez en contra de esa contestación, tras lo cual corren otros 30 días hábiles de plazo. Planteo A través de ese trámite, los jubilados formalizan su queja por el recorte que implica el nuevo método de cálculo de haberes que fijó la ley 10.333 (se pasó del 82 por ciento al 73 por ciento móvil del salario bruto de un activo). En los documentos el argumento es prácticamente el mismo: la violación a los principios de irreductibilidad y proporcionalidad de los haberes. Si bien el tramo administrativo siempre estuvo entre las posibilidades de rechazo a la reforma previsional, ganó peso tras la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, que a finales del año pasado rechazó un recurso de amparo, al señalar que esa vía sólo se justifica ante la "inexistencia de otros recursos más idóneos".En cambio, el camino que está abierto es el planteo de inconstitucionalidad, a partir de un recurso que presentó el abogado Horacio Gentile, sobre el cual luego se montó la Unión del Personal Superior (UPS).Días atrás, el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, se expidió por la admisibilidad de esa acción, que ahora pasa al Tribunal Superior de Justicia. Para Moyano, el pedido fue presentado por parte interesada legitimada para promover la acción, y advierte el perjuicio o lesión constitucional que se producirá con la norma cuya declaración de inconstitucionalidad persigue.
Del 82% al 73%
Planteos. Los reclamos administrativos de los pasivos ante la Caja de Jubilaciones de Córdoba son en rechazo al recorte que implica el nuevo método de cálculo de haberes que fijó la ley 10.333 (se pasó del 82 por ciento al 73 por ciento móvil del salario bruto de un activo).
Inconstitucionalidad. El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver un planteo de inconstitucionalidad de la norma que recorta los haberes, en favor de cuya admisibilidad se pronunció el fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano. El funcionario advirtió sobre el perjuicio o lesión jurídica que provocará la norma cuestionada.
