Uruguay apenas tuvo una sanción moral

La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó ayer la demanda argentina para la relocalización de la pastera Botnia y admitió que Montevideo violó el Estatuto del Río Uruguay, poniendo fin al conflicto entre Argentina y Uruguay, al menos en el aspecto legal.

Mientras los presidentes Cristina Fernández y José Mujica tienen previsto reunirse en los próximos días para evaluar los pasos a seguir, los asambleístas de Gualeguaychú adelantaron que continuarán con su plan de lucha, aunque aún no se autoconvocaron en asamblea ni definieron qué hacer con el corte del puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.

Tanto el Gobierno de Fernández de Kirchner como el de Mujica se mostraron "ganadores" tras el fallo, aunque buscaron bajarle el tono a la disputa y manifestaron su disposición a respetar el fallo del tribunal internacional.

Cristina Fernández aseguró, desde Venezuela: "Se ha comprobado que teníamos razón" acerca de la violación del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno del país vecino, tras lo cual reiteró que "si no se hubiera violado el tratado nada de esto hubiera sucedido". No obstante, la Presidenta consideró: "Tenemos que respetar los acuerdos, si respetamos todos los derechos de los pueblos habrá menos conflictos".

Desde Montevideo, en tanto, el vicepresidente Danilo Astori opinó que el fallo confirmó "el respeto de Uruguay por el medio ambiente" y que también "renueva la esperanza" para iniciar una "etapa fructífera" en el vínculo con Argentina.

En tanto el canciller uruguayo, Luis Almagro, comentó que en el gobierno uruguayo hay "tranquilidad" después del fallo que, a su criterio, "reconoce que Uruguay no ha incumplido con sus obligaciones de fondo" establecidas en el Estatuto del Río Uruguay.

En ese marco, Almagro confirmó el inicio de contactos con su par Jorge Taiana para coordinar un encuentro entre ambos presidentes.

Los detalles. El fallo por mayoría de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que desestimó la pretensión argentina para relocalizar la planta de UPM (ex Botnia) hizo hincapié en la "falta de evidencia" respecto de una eventual contaminación del río Uruguay, de administración compartida por ambos países.

Sin embargo, avaló la demanda argentina de mayo de 2006 en cuanto a la violación de disposiciones procesales, artículos 7 a 12 del Estatuto de 1975 que regula el uso del río, toda vez que Montevideo "no consultó" a Buenos Aires antes de autorizar el emplazamiento que, con 1.100 millones de dólares, constituye la principal inversión extranjera en la historia de Uruguay.

En una tercera parte del fallo, la Corte directamente desestimó analizar la contaminación visual y sonora que, según alegó Argentina, generaría la planta, al considerar que ese tema "no es competencia" del tribunal con sede en los Países Bajos de acuerdo a las disposiciones del tratado firmado hace 34 años.

El veredicto, inapelable y vinculante para las partes, omitió en cambio referirse al corte de la ruta internacional 136 que los ambientalistas entrerrianos mantienen inalterable desde noviembre de 2006.

Precisamente, tras el fallo los asambleístas ratificaron: "Hasta que no se vaya Botnia no nos vamos a mover del corte" en el puente General San Martín, desconociendo el fin del conflicto a partir de la decisión del tribunal internacional.

El abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, anunció que recién mañana a las 21, en la reunión a realizarse en el club Frigorífico Gualeguaychú, se brindará un informe sobre el fallo de la Corte Internacional de La Haya.

"Necesitamos por lo menos 24 horas para hacer un estudio del fallo. Puede ser una lectura de varias horas, es un expediente que tiene muchos años, que es muy voluminoso", dijo Fernández, estirando la expectativa sobre una definición.