Unos culpan al Gobierno y otros al juez neoyorquino

La declaración de rebeldía motivó opiniones diferentes en la dirigencia política y en economistas argentinos.

Julio Cobos, exvicepresidente. "Las consecuencias se vivirán en carne propia con el transcurrir del tiempo". "Esto no ayuda a la situación económica y es un ingrediente más que va a complicar la situación".

Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas de la Nación. "No tiene un impacto importante. No te ayuda a mejorar el clima pero creo que tampoco lo empeora demasiado. El mercado ya no se asusta de estas cosas, sabe que es parte de la pelea".

Nielsen, exnegociador de la deuda. "Es un gravísimo error estratégico del Gobierno". "Estos momentos son extremadamente negativos para el prestigio de la Argentina". "No hay esperanzas de que el gobierno restablezca relaciones financieras con el mundo".

Fernando Solanas, senador nacional. El fallo "es una monstruosidad, demuestra la servidumbre de la justicia norteamericana al capitalismo financiero global". "Este fallo es la consecuencia de las decisiones de Néstor y Cristina de Kirchner de ceder las facultades soberanas a tribunales extranjeros".

José Ignacio de Mendiguren, diputado nacional massista . "Tenía una esperanza porque el juez estaba mostrando algunos gestos de más comprensión, pero me sorprendió".

Daniel Sabsay, constitucionalista. Argentina "se pone en situación grave como país incumplidor". "Desde el punto de vista concreto, no es que Griesa pueda aplicar graves sanciones, pero a nivel internacional el país queda como claramente incumplidor".

Federico Sturzenegger, diputado nacional del PRO. "Están en riesgo los canjes de 2005 y 2010 por la no resolución del conflicto". "El default en sí se va viendo en las consecuencias como el dólar a casi 16 pesos".

Alejandro Bordart, precandidato del MST-Nueva Izquierda. "A este nuevo atropello imperial hay que oponerle un 'desacato' real: tomar una decisión soberana y suspender todo pago".

Sebastián Soler, experto en Derecho Financiero de Harvard. "La facultad de un juez estadounidense de imponer su voluntad a un país extranjero está limitada. La inmunidad soberana de ese país no permite forzar el pago de multas por desacato".