Una señal incierta para los usuarios

¿Podrá el mercado absorber el millón de clientes de Fibertel en sólo tres meses? ¿Será capaz el Estado de preservar mínimamente los derechos de los usuarios? El análisis de los factores técnicos y económicos no logra despejar las dudas de las asociaciones de consumidores.

Primero, porque no queda claro cómo ni quién absorberá los costos de la migración: unos 550 millones de dólares si se cuentan los nuevos módems ADSL y las inversiones de infraestructura necesarias.

Segundo, porque no parece probable que las proveedoras de Internet puedan adaptar sus servicios de soporte técnico y de atención al cliente para afrontar un crecimiento que sería siete veces mayor al de la demanda actual.

La ampliación a escala nacional del servicio de Wi-Fi gratuito tampoco asoma como una misión posible en los términos anunciados por el Gobierno. Para el consultor Alejandro Prince, instalar una infraestructura semejante sería inviable en un plazo de 120 días.

Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones, sostiene que “el sistema de Wi-Fi tuvo varios fracasos” en el mundo porque “no ha sido concebido para un tipo de acceso público”. Según explica, la señal inalámbrica tiene un alcance geográfico acotado, se degrada mientras mayor es la distancia o el número de conectados y está expuesta a interferencias.

El servicio inalámbrico supondría, además, la necesidad de abastecer a los usuarios de antenas que reciban la señal, conexiones eléctricas y conectividad a Internet en múltiples espacios públicos.

Una operación que no alcanzaría para suplir con la misma calidad de servicio a los usuarios que se queden sin cobertura. Señal incierta para los clientes del tercer mayor operador de Internet del país.