Una paradoja para los K

El kirchnerismo decidió pagar el costo político de proteger a Amado Boudou de una sola vez, sacando del freezer a la Comisión de Juicio Político que durante dos años acumuló pedidos en contra del vicepresidente. La jugada K fue reabrir la comisión y volver a cerrarla hasta vaya a saber cuándo, pura y exclusivamente para archivar todos los expedientes presentados por la oposición en los que se exigía la remoción del número dos del Gobierno.

Acorralado por la Justicia, que dictó un fallo en el que se acusó a Boudou de corrupción y de ser el verdadero dueño de la ex Ciccone Calcográfica, el oficialismo no tuvo otra opción que salir a defender institucionalmente –desde el Congreso– al polémico vicepresidente. Sin embargo, el informe que redactó el Frente para la Victoria para rechazar in limine los pedidos opositores sólo hizo hincapié en que la causa judicial (en rigor, son más de una) está en pleno proceso y en que la apertura de un proceso de juicio político implicaría avasallar al Poder Judicial.

La estrategia argumentativa K es doble, por un lado 
encripta en la Justicia toda la responsabilidad sobre el destino de Boudou y, por otro, impide que la Cámara Baja pueda evaluar aquellos actos cometidos por el vicepresidente que no necesariamente son judiciables pero que hablan a las claras de su inhabilidad moral para ejercer el cargo que 
ostenta. “Están borrando de un plumazo el artículo 53 de la Constitución”, se quejó la oposición.

Para la oposición, acusada nuevamente de golpista, es paradójico que en su dictamen absolutorio el kirchnerismo diga que defiende la división de poderes aunque sólo un año atrás haya promovido las leyes de “democratización” de la Justicia, que fueron bochadas por la Corte Suprema puesto que avasallaban su independencia del poder político.