Una oportunidad que se deja pasar

En algunas ocasiones ocurren tragedias que, por su dramatismo y simbolismo, generan cambios positivos profundos. Un ejemplo es el asesinato del conscripto Carrasco en un cuartel patagónico: su muerte determinó el fin del abusivo servicio militar obligatorio. La desgracia que implica la muerte de Nisman podría ser la oportunidad para reformar los servicios de Inteligencia. Vale recordar que estamos hablando de una agencia pública que se maneja con una opacidad injustificable en un Estado de derecho. Una agencia que está acusada de haber asesinado a un fiscal de la Nación, además de haber trabajado para ocultar la verdad sobre el atentado a la Amia desde el primer día. Una agencia que, vale recordarlo, está sospechada de cometer espionaje interno.Sin embargo, estamos por dejar pasar la oportunidad. El proyecto de ley que transita por el Congreso (y que sería finamente aprobado en dos semanas), aunque ha introducido mejoras desde su primera versión, es aún insuficiente para reformar democráticamente los siniestros "servicios".En primer lugar, no alcanza con simplemente cambiar el nombre de la agencia. Todo el personal de la actual secretaría de Inteligencia debería ser evaluado en una transparente y ecuánime "Comisión de la Verdad" para valorar su accionar antes de pasar a ser parte de la flamante Agencia Federal de Investigaciones. ¿Qué podría cambiar si los agentes siguen siendo los mismos, incluyendo los sospechados de haber cometido delitos? Adicionalmente, se podría pensar en utilizar la Escuela de Inteligencia como un lugar de formación profesional de futuros agentes (a la usanza del Instituto del Servicio Exterior de la Nación como escuela diplomática).Asimismo, se debería reforzar el control externo, sobre todo el parlamentario. Mientras la futura AFI siga siendo dependiente de las demandas (legales e ilegales) del poder de turno, poco cambiará. El titular de la AFI debería ser elegido con una mayoría especial del parlamento y no solamente por mayoría simple. Por el contrario, según el proyecto de ley, el presidente podrá remover al titular de la AFI con un simple decreto. Asimismo, la Auditoría General de la Nación y la olvidada Comisión Bicameral de Fiscalización y Control de Organismos de Inteligencia deberían tener acceso a los gastos de la flamante AFI.Con respecto a la Comisión, nada del proyecto de ley apunta a fortalecerla. Su presidencia debería ser asignada a la oposición, y su conformación debería ser más equilibrada. Mientras la conformación de las comisiones bicamerales parlamentarias (no solamente la de Inteligencia) sigan teniendo mayoría oficialista, poco se podrá esperar de ellas en términos de monitoreo.También podría pensarse en mayor control judicial a la Inteligencia. En los Estados Unidos, existe un cuerpo especial de jueces especializados en cuestiones de Inteligencia nacional.Además, es preciso destacar que el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales (los encargados de "pinchar" los teléfonos y los correos electrónicos) a la órbita del Ministerio Público Fiscal también es problemática. No queda claro por qué los fiscales deberían tener a cargo las escuchas vinculadas a Inteligencia "nacional"; es decir, las operaciones vinculadas a amenazas foráneas. La ley debería limitar las escuchas en el tiempo y solamente con pruebas suficientes.

*Asociación por los Derechos Civiles