Una investigación y una crisis

El país tiene desde ayer a sus dos máximas autoridades, la presidenta de la Nación y el vicepresidente, en la mira de la Justicia.

Que pese sobre la Presidenta un requerimiento fiscal de imputación por encubrir a responsables de un atentado terrorista, y sobre el vicepresidente de la Nación un doble proceso por delitos vinculados a la administración pública, es síntoma de una grave situación política. El partido de Gobierno pretende que esa situación de fragilidad sea interpretada como resultado de una acción destituyente y preludio de un golpe organizado por fuerzas oscuras con el propósito de alterar el orden institucional.Esa descripción del oficialismo no parece ajustarse a la realidad. Que en un sistema democrático el Poder Judicial investigue el cumplimiento estricto de las leyes no es sino su deber.Y si se observa la acción de los sectores políticos adversos al Gobierno y de las instituciones de la sociedad civil que se expresan en el espacio público, no se podrá enumerar ni una sola que esté planteando alguna hipótesis de desarrollo institucional en las que Cristina Fernández no esté el próximo 10 de diciembre entregando los atributos del mando a su sucesor, elegido de manera democrática.De modo que las argumentaciones de golpismo que con extensión tántrica viene planteando el oficialismo, casi desde el momento mismo de su acceso al poder, no parecen verosímiles ni pueden ser de recibo.Esto no implica desconocer el estado de debilidad objetiva en el que ha quedado el Gobierno desde su errática reacción frente a la muerte del Nisman, situación que se agravó ayer cuando otro fiscal hizo propia la denuncia de un supuesto pacto de impunidad para los asesinos del atentado a la Amia.A partir del momento en que Nisman planteó su sospecha sobre los motivos inconfesados del memorando suscripto con Irán, el oficialismo descalificó sus argumentos con toda la artillería a su alcance. Ocurre que un segundo fiscal cree ahora que hay pruebas que ameritan una investigación. En defensa de las instituciones, el Poder Ejecutivo debería someterse a ese escrutinio. La decisión de Pollicita, ya de por sí de alto impacto institucional, tiene una fundamentación jurídica que deberá ser evaluada por el juez Daniel Rafecas. Pero el contexto político los excede ampliamente y atañe a actores con mayor responsabilidad en el andamiaje institucional. La presidenta de la Nación, en primer lugar.En su último mensaje, cerró con una frase digna de olvido: "A ellos, les dejamos el silencio". Su palabra es aguardada ahora con la mesura que extravió en ese grito.