Una doble vía para combatir la precariedad

El caso de la empresa de indumentaria Vitnik, en el que hay detenidos –entre ellos, el dueño de la empresa– acusados de infringir leyes de trata de personas y de migraciones, fue el disparador para empezar a deshilvanar en Córdoba el submundo de precariedad laboral que esconde una parte de la industria textil. La Secretaría de Trabajo de la Provincia, que comanda Omar Sereno, convocó la semana pasada a nueve empresas de marcas de primera línea –sólo asistieron seis– y, junto al Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), dejó conformada una mesa que también integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), para combatir la elevada precariedad laboral en el sector.El organismo partió de datos alarmantes relevados entre el 15 de febrero y el 15 de este mes: se detectó que en 26 talleres, manejados en su mayoría por peruanos, había 232 trabajadores no registrados, de los cuales 182 eran inmigrantes inhabilitados para trabajar. A su vez, según datos del Soiva, en Córdoba hay mil empleados registrados y 500 informales.Se dijo que durante las inspecciones pudo comprobarse que ninguno de esos supuestos empresarios Pyme podía acreditar el patrimonio suficiente para demostrar que eran unidades de negocio independientes. Los empresarios aseguran que los pequeños talleres en los que tercerizan gran parte de su producción son dueños de las máquinas, las que cuestan entre cinco mil y siete mil dólares.En el organismo laboral habría sospechas de que, en realidad, muchas de las empresas serían las verdaderas dueñas de los talleres y que sus supuestos dueños lo único que aportan es la mano de obra precarizada.Con la intención de poner blanco sobre negro, la Secretaría de Trabajo convocará en los próximos días a los propietarios de los 26 talleres que fueron encontrados en presunta infracción.Con una hábil estrategia, el organismo laboral quiere aplicarles a rajatablas a los empresarios el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. La norma establece "la responsabilidad solidaria" de quienes contraten o subcontraten trabajos o servicios de la actividad propia de la empresa, sea dentro o fuera de su ámbito laboral. Traduciendo, se busca responsabilizar a los empresarios del cumplimiento de todas las normas laborales en los talleres en donde tercericen producción.La movida iniciada por Trabajo por la vía del diálogo y, en paralelo, de aplicación de la legislación laboral, aparece como una acción positiva si se sostiene en el tiempo como una política de Estado.