Una década después, ¿la misma historia?

El incumplimiento de la Municipalidad de Córdoba en depositar retenciones monetarias realizadas a sus empleados no es para nada novedoso. Hace más de una década, un problema similar le valió al ex intendente Germán Kammerath afrontar una causa penal, por la cual estuvo muy cerca de terminar preso. La situación se diluyó luego, en 2005, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó su sobreseimiento y concluyó en que no hubo delito. Kammerath fue acusado de "defraudación por administración fraudulenta reiterada", al haber retenido fondos de manera indebida a los empleados, sin darle a los fondos el destino que correspondía. Curiosamente, aquel problema se desencadenó tras la decisión de Kammerath de auxiliar financieramente a muchos empleados que habían cedido casi todo su salario a manos de usureros y que cobraban –en algunos casos extremos– apenas un peso por mes.A la mayoría de esas deudas, los municipales las habían contraído con bancos y financieras. Luego, Kammerath las refinanció a través del Banco de Galicia, pero la situación explotó cuando, tras la crisis de 2001, el municipio se vio asfixiado económicamente y echó mano a cuanto fondo pudo para solventar sus gastos más urgentes.Precisamente este argumento de la emergencia económica fue el que utilizó el TSJ para liberar de cargos a Kammerath, tras considerar que no hubo intención de provocar perjuicio a los trabajadores.Todo indica que el escenario se repite ahora, con Daniel Giacomino como protagonista. Desde el mestrismo, lo colocan en una situación similar a la de Kammerath: le achacan haber retenido dinero a los empleados y haberlo destinado luego a fines distintos de los que estaba obligado por ley.La cuestión le genera al actual intendente un problema financiero de coyuntura –uno más–, al tener que distraer 3,2 millones de pesos para apagar este "incendio" y congraciarse así con el gremio municipal (Suoem). Pero, además, políticamente le sirve en bandeja elementos como para ensayar una embestida contra la anterior gestión. Desde el Palacio 6 de Julio no confirmaron, pero tampoco desmintieron, que este tema de las retenciones vaya a ser motivo de una denuncia penal contra Giacomino. Al asumir, Mestre contrató una auditoría de corte –sus resultados están a punto de conocerse–, para trazar una clara línea divisoria entre los números de sus antecesores y los de su gestión. A nadie podría sorprender, entonces, que la inminente presentación pública de ese informe venga acompañada de algún reproche de índole judicial.