Un fallo que desnuda a muchos y clama debate

Es histórico el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó restituir a tres provincias (Santa Fe, San Luis y Córdoba) el 15 por ciento de la coparticipación que el gobierno central les había tomado sin brindarles ninguna de las compensaciones que sí recibían otros distritos electorales. Lo es tanto por lo que revela de los actores políticos de Córdoba y del gobierno de Cristina Fernández como por las implicancias futuras. Histórico Del gordo manual de historia de las conflictivas relaciones entre Córdoba y la Nación, es, tal vez, el capítulo más prolongado y voluminoso en dinero. Y es la primera vez que la cuestión no quedará en un eterno eco de interpretaciones enfrentadas: la Corte Suprema definió que sí hubo discriminación. A quienes se pasaron la última década negando y justifi­cando esa condición, que armen un partido, ganen las elecciones, nombren otra Corte y reviertan el fallo. Defensa En un rincón, estuvieron Unión por Córdoba, la Unión Cívica Radical y el juecismo. Pese a compartir la difusa nube peronista nacional, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti denunciaron el abuso y se prepararon para bancarse las consecuencias fiscales del chubasco. Pese a ser opositores, tanto los radicales como Luis Juez se cuidaron de distinguir entre gordura e hinchazón y se autolimitaron en la tentación del cascoteo opositor fácil que servía en bandeja el ajuste forzado por la Nación. Ambos se pararon del lado de Córdoba. Justificadores Las excepciones a ese alineamiento fueron pocas. Y mezquinas. Intendentes como Eduardo Accastello prefirieron justificar. En ese caso, a cambio de monedas que permitieran mostrar "gestión" en Villa María.Como el amigo judío de los antisemitas, hizo de amigo cordobés de Cristina Fernández. Mostraba las partidas que le mandaba la Casa Rosada como pruebas de que mantener "buenas relaciones" diluía el conflicto. Alto cinismo. Para lo que sirvió.Allí está, por ejemplo, el mastodóntico aeropuerto sin aviones de Villa María, monumento al descalabro y al alquiler de la política, pagado con una fracción mínima de las partidas que en una década no recibieron los 426 intendentes y jefes comunales colegas de Accastello en toda la provincia. Excepto unos pocos, como Fabián Francioni, hoy diputado nacional, que jugaron el mismo juego que Accastello.El coro de justificaciones más o menos difusas se completó con kirchneristas locales como Martín Fresneda, abogado de todos los discriminados, menos de los discriminados por lugar de residencia.O Carolina Scotto y Francisco Tamarit, que pusieron a la supuestamente crítica Universidad Medieval de Córdoba a aplaudir a un gobierno presupuestariamente monárquico.Los más insólitos fueron sindicalistas como Juan Monserrat, de la UEPC, o Rubén Daniele, del Suoem, que a la mañana exigían el fin del diferimiento que retrasa el 82 por ciento para los maestros y municipales jubilados y a la tarde festejaban las ocurrencias cristinistas, sin decir nada de la apropiación indebida de fondos cordobeses, que forzaba los recortes que ellos rechazaban. La diputada Carmen Nebreda, antecesora de Monserrat en la UEPC, tampoco debe haber encontrado el hueco para explicar –en la Casa Rosada o al menos en el bloque de diputados K– la injusticia que se estaba cometiendo.Otros ofendían la inteligencia. Los encargados de la Anses local, la luego diputada Mónica Gutiérrez y su sucesora Gabriela Estévez, fueron incapaces de elaborar mejores argumentos que este: como prueba de que la Nación no discriminaba a Córdoba, remarcaban que la Nación pagaba muchas jubilaciones nacionales en la provincia.Era como decir que un gobernador que no le liquida la coparticipación a un municipio es muy bueno porque paga los sueldos de los maestros de esa ciudad.A todos ellos, los cordobeses les pegaron sucesivas palizas electorales. De hecho, lo que iba a ser la tercera presidencia del FPV finalmente se fue navegando sin rumbo por La Cañada. A la gente no le gusta ser tratada de tonta. Oportunistas caros Los magistrados de la Corte Suprema esperaron cinco años para decidir lo evidente. Hasta que el kirchnerismo perdiera el gobierno. Más allá de la lentitud agobiante, avalaron algo mucho peor: Cristina Fernández pudo inflar su gasto nacional con fondos que no le pertenecían, generando una hipoteca que ahora deberá afrontar Mauricio Macri, con una situación fiscal que, sin esta carga, ya era explosiva. Si hubieran fallado a tiempo, Cristina Fernández no hubiera tenido esta burbuja de dinero extra (una entre las muchísimas que tuvo) que le permitió concentrar poder hundiendo las cuentas del país. Y el ajuste del pobre diablo que la sucederá no debería ser tan draconiano.Sólo un ejemplo: las netbooks pagadas por la Anses que repartían en sucesivas campañas Amado Boudou y Diego Bossio y que emocionaban a una progresía bienpensante incapaz de sumar y restar, eran apenas un vuelto de lo que esos funcionarios les quitaban a las tres provincias.En 2014, por caso, la Anses gastó 2.509 millones en el programa Conectar Igualdad. Ese año, la Anses se había quedado con 4.669 millones de Santa Fe; 4.628 millones de Córdoba y 1.173 millones de San Luis. Casi tres veces más de lo que costaba ese programa destinado a mostrar que Cristina Fernández era la más bondadosa de todos los gobernantes bondadosos del mundo. Para verlo de otro modo: a las netbooks las repartió Fernández, pero las financiaron las provincias y ahora Macri deberá cancelar la deuda. Sólo un ejemplo de cómo funcionan las cosas. Futuro Todo el mundo da por sentado que los fondos que reciba Córdoba deberán aplicarse a eliminar el diferimiento de aumentos de habereres para quienes trabajaron para el Estado provincial o los municipios y ahora están jubilados. No tiene por qué necesariamente ser así. Esos fondos pertenecen de todos los cordobeses y corresponden a las rentas generales. La jubilación promedio que cobraron los estatales ­cordo­beses retirados en junio llegó a 14.067 pesos, un 86 por ciento del salario que cobraron los ­estatales activos en ese mismo mes. Pero, además, entre mayo y junio el salario neto promedio que cobraron todos los em­pleados privados en blanco que trabajan en Córdoba fue de 11.625 pesos. Un 17 por ciento menos. Sobre los empleados en negro, mejor ni hablar. De ­hecho, no hay datos sobre ellos. Es difícil justificar por qué 515.506 personas que cobran mucho menos renunciarán a las obras y servicios que podrían recibir de un Estado provincial que ya les cobra una montaña de impuestos para financiar a 95.800 jubilados y pensionados con ingresos muy superiores a los de ellos.Es cierto que hubo promesas de campaña al respecto. Pero también se prometió bajar impuestos y construir obras. Tal vez los cordobeses prefieran una mejor educación, más rutas, canales para drenar las lluvias o tantas otras cosas que tanto se necesitan.