Un diálogo apurado por los tiempos

Como era previsible, la negociación del gremio judicial con el Tribunal Superior de Justicia para consensuar un sistema de porcentualidad en las remuneraciones de los empleados judiciales no será sencilla. El diálogo –que se abrió con la intervención de la Provincia como una salida a un conflicto que incluyó una toma del Palacio de Justicia– se realiza bajo la presión que el gremio afronta de las bases y del sector interno Confluencia. Con lógica política, el sindicato que conduce la dirigente de izquierda Irina Santesteban pretende que el proyecto de porcentualidad sea aprobado antes de las elecciones legislativas del 27 de octubre. Sabe que, en medio de la campaña electoral, el Gobierno buscará evitar un conflicto que paralice la Justicia, y que, después de los comicios, el poder de presión será mucho menor.Aunque es un poder independiente, el Tribunal Superior que preside Carlos García Allocco no avanzará tampoco en un proyecto de ley que no tenga la luz verde del gobernador José Manuel de la Sota, respecto de la viabilidad de su financiamiento.Sin duda que el gremio ya se anotó un triunfo al conseguir sentar a los vocales del alto cuerpo para discutir la porcentualidad, algo que no imaginaba hace unos meses.Tras otro capítulo de la discusión, ayer el sindicato decidió poner a consideración de una asamblea extraordinaria si continúa en la negociación.En el mejor de los escenarios, en caso de llegarse a consensuar un proyecto de ley de porcentualidad, la propuesta debe ser aprobada en la Legislatura, donde el oficialismo tiene amplia mayoría.Según los números que maneja el propio gremio, el sistema de porcentualidad –resignando el planteo de nuevas escalas para la antigüedad, como proponía el proyecto original– tendría un costo inicial de 55 millones de pesos mensuales, lo que suma 660 millones de pesos anuales. En el Gobierno consideran "muy difícil" que la Provincia pueda dar luz verde a la porcentualidad en los términos que está planteada.