Un desagüe que duplicó su valor en 2 años

La construcción de un desagüe pluvial en calle Bunge, de barrio Iponá, que el intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, anunció como inminente al pronunciar su último discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante, viene envuelto en una nueva polémica con el Tribunal de Cuentas. Los cinco miembros de ese organismo de control rechazaron el procedimiento seguido y el precio que se va a pagar por la obra. El desagüe en cuestión, cuya necesidad para la zona sur está fuera de cuestionamiento, costará 14,7 millones de pesos, lo que implica casi el doble del precio que se había logrado al licitar ese mismo emprendimiento en 2009. Además, ahora Giacomino adjudicó la obra de manera directa a la firma Ciar SA-Pablo Augusto Federico UTE, aduciendo razones de necesidad y urgencia.Los tribunos consideraron que no hay justificación de ningún tipo para sustraerse de la obligación de licitar y objetaron el expediente en todas sus instancias. Giacomino insistió con acuerdo de todos sus secretarios, a lo que sobrevino una visación provisional del Tribunal de Cuentas, que remitió los antecedentes del caso al Concejo Deliberante.Ese recorrido administrativo inusual ha marcado el camino de muchas decisiones del Departamento Ejecutivo en los últimos meses: toma decisiones administrativas con el solo aval de sus secretarios. En más de un caso, esa modalidad derivó en denuncias penales contra el intendente. Apuro que encarece. El desagüe de Iponá estaba incluido en uno de los tantos convenios marco que el municipio firmó con la Nación para que esa jurisdicción financiara obras en la ciudad, a partir de la sintonía política entre Giacomino y la presidenta Cristina Fernández. El acuerdo fue refrendado por el Concejo Deliberante en marzo de 2009, pero nunca llegó a estar operativo, porque la plata no llegó. De hecho, de los 300 millones de pesos que, en promedio, debía girar la Nación en 2009 y también en 2010, nunca el municipio recibió efectivamente más del 10 por ciento de ese monto.El acuerdo de referencia por el desagüe señalaba que si la obra no se iniciaba en un plazo de tres meses, podía quedar sin efecto el convenio, que por otra parte tenía una vigencia global de dos años, lo que se cumplió el pasado 23 de febrero. Casualmente, ese mismo día Giaco-mino ratificó la adjudicación directa de la obra, con lo que abrió este nuevo capítulo de la polémica.El primer intento para poner en marcha el desagüe de Iponá se dio a principios de 2008. Entonces se presentaron siete oferentes a la licitación y la mejor cotización fue de Ciar SA-Pablo Augusto Federico UTE, que pidió 7.815.817 pesos.Sin embargo, aduciendo que no contaba con los fondos nacionales prometidos, el municipio avanzó en aquel momento sólo hasta la preadjudicación a esa firma y casi no volvió a hablar más del tema en los últimos dos años. La cuestión se reflotó recién el 15 de febrero pasado, cuando Giacomino declaró caída aquella licitación y, sin hacer un nuevo llamado para cotejar precios, adjudicó de manera directa la obra a la misma empresa, pero esta vez por el doble de dinero: 14.731.333 pesos.Los trabajos serán financiados ahora con un préstamo del Banco de Córdoba, por 13.800.756 pesos.Los tribunos juecistas Fernanda Leiva y Mario Agüero denunciaron que hubo una maniobra deliberada del Ejecutivo para "planchar" la licitación y después adjudicar directo con sobreprecio. "Resulta que una obra que iba a pagar íntegramente la Nación, ahora se hace dos años después, sin licitación y tomando un préstamo bancario", dijo Agüero. "A nadie puede sorprender esta mecánica, porque sistemáticamente Giacomino viene evitando la regla de transparencia, que es la licitación pública, para adjudicar directo invocando motivos de necesidad y urgencia inexistentes", completó Leiva.El subsecretario de Infraestructura del municipio, Eduardo Bianqui, reivindicó lo actuado por el Ejecutivo. Dijo que la obra se retoma ahora porque antes no había fondos y que la duplicación del precio se puede justificar por el incremento del costo de la construcción. También aclaró que "no daban los tiempos" para un llamado a licitación, aunque aseguró que, en rigor, "no hubo una adjudicación directa" a la firma Ciar SA-Pablo Augusto Federico UTE, sino que se retomó la preadjudicación que había quedado en una impasse en 2008.Un repaso por el expediente permite corroborar otra cosa. El decreto municipal 433, del 15 de febrero pasado, dice con claridad que se desestiman "todas las ofertas" que había desde 2008 y declara "fracasada" aquella licitación. Y a renglón seguido adjudica "por contratación directa" la obra a la UTE antes mencionada.