Un debate que excede lo simple de una mudanza

La tensión informativa compiló ayer en un mismo día noticias vinculadas con excesos y desvaríos de la protesta social. Peticionar ante las autoridades es un derecho democrático. Pero hay un abismo de distancia entre exhibir una pancarta en el camino y apedrear el auto que conduce al presidente de la Nación. Se trata de una agresión que debe ser repudiada por todo el sistema político. También por referentes con responsabilidades ineludibles, como el asesor del Vaticano, Juan Grabois, que ayer parecía festejar en las redes sociales las pedradas contra el jefe del Estado nacional. En abierta contradicción con la prédica de la tolerancia y la amistad social que pregona la Iglesia Católica en Argentina. Es también el caso de la dirigente social Milagro Sala, que fue condenada por alentar ese mismo tipo de derrapes. Como el que instigó contra un congresista y un auditor general de la Nación porque se aprestaban a informar sobre irregularidades de su organización, Tupac Amaru, en el manejo de fondos públicos. La falaz identificación de la protesta legítima con los métodos violentos es un camino cuyas consecuencias el país ya conoce y debe evitar. La convivencia pacífica es un bien social. A tal punto se ha naturalizado la anomia de que toda manifestación pública termina fatalmente con algún vidrio roto, que en Córdoba ya se evalúa trasladar la sede histórica del Poder Legislativo por esos motivos. Esa arista del tema es la que abordamos en nuestro Primer Plano de hoy, con el anticipo de la confirmación oficial y las opiniones de comerciantes del microcentro y también de urbanistas. Córdoba, que en tiempos de dictaduras protagonizó las más tensas protestas, tal vez pensó que ganaba en esas luchas el derecho a planificar en democracia su convivencia urbana en paz. Tal parece que ese objetivo no ha sido logrado, ni para ubicar las sedes de sus poderes públicos.