Un aprendizaje lento y que cuesta caro

Tanto el Gobierno provincial como Monsanto hablaron en los últimos días de "aprendizaje". "Sobre la base del aprendizaje y la experiencia, vamos a mejorar y a darle a Córdoba una ley que esté a la altura de lo que la sociedad exige". Así respondió la semana pasada Jorge Lawson, secretario de Comunicación, al ser consultado sobre por qué el Gobierno decidió adecuar su ley de ambiente a los presupuestos mínimos nacionales un año y medio después de que los asambleístas en contra de Monsanto comenzaran a exigírselo. Por su parte, Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de la multinacional, reconoció ayer que, como resultado de lo que llamó un alto nivel de conflictividad y desinformación, la empresa aprendió que debe comunicar y explicar mejor lo que hace. Hace un año y medio, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida era un puñado de vecinos que repartían volantes sobre la ruta nacional N° 19. Con el tiempo, la legitimidad de su reclamo, basado en la Ley General del Ambiente N° 25.675, y la desconfianza de buena parte de la sociedad hacia Monsanto, generaron una movilización social mayor en rechazo a la instalación de la multinacional en Córdoba. Las universidades locales se manifestaron en contra del proceso por el cual se habilitó la construcción de la semillera, y luego la Justicia, en segunda instancia, declaró arbitrarias e inconstitucionales las autorizaciones dadas por el Gobierno y el municipio de Malvinas a la empresa.El aprendizaje está costando caro. Desde que la asamblea decidió bloquear la planta, hubo al menos cuatro episodios violentos entre manifestantes, la Policía y sindicalistas de la Uocra. 200 obreros se quedaron sin trabajo por la paralización de la obra. Y la comunidad de Malvinas sigue inmersa en un conflicto que la angustia y la divide, y que aún no tiene solución.