Tras 40 años, se activa causa penal por asesinato de José Rucci
El homicidio del jefe de la CGT ocurrió en 1973. El juez federal Ariel Lijo recibió órdenes de reactivarla.
La causa por el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la CGT, el peronista José Ignacio Rucci, se pondrá en marcha luego de que el juez federal Ariel Lijo, que la había archivado, recibió la orden de activarla por parte de su superior, la Cámara Federal porteña.
Para el 6 de mayo, informaron fuentes judiciales a DyN, el juez Lijo citó a declarar como testigo a Carlos Flaskamp, ex oficial de la guerrilla Montoneros, organización armada de origen peronista que, según acusan la diputada Claudia Rucci y su hermana Aníbal, habría perpetrado el homicidio.
Otro citado a prestar testimonio es Ricardo Grassi, periodista que vive en Roma, Italia, y fue director del semanario "El Descamisado", órgano oficial de Montoneros de 1973 a 1975. Su declaración será por teleconferencia en fecha aún a determinar.
Posibles testigos. Claudia y Aníbal Rucci, patrocinados por el abogado Miguel Ángel Plo, pidieron que declaren también, en principio como testigos, Mario Firmenich -residente en Barcelona, España-, Raúl Perdía y Fernando Vaca Narvaja -actual ministro de Obras Públicas en Río Negro-.
Y también reclamaron la testimonial de Ernesto Jauretche, secretario bonaerense de Municipios al momento del crimen, en los años ˜90 funcionario del gobierno de Carlos Menem, y disertante en varios eventos organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Para los Rucci, la declaración de Jauretche es clave pues, según sostienen, él alquilaba un departamento en el barrio porteño de Flores y lo cedió como cuartel general para el operativo, pues quedaba a ocho cuadras de la casa en que emboscaron al jefe de la CGT.
Los avances. En agosto de 2012 el juez Lijo consideró que el crimen, en efecto, había sido perpetrado por Montoneros, aunque argumentó que no podía ser considerado "delito de lesa humanidad" y, en consecuencia, estaba prescripto por el paso del tiempo, pero la Cámara revirtió ese criterio.
Los hermanos Rucci rebaten ese fundamento, bajo el argumento de que se trata de un delito de lesa humanidad porque hubo participación del Estado ya que el grupo comando y las armas se transportaron en coches oficiales de la gobernación bonaerense que supuestamente facilitó Jauretche.
