Todos pagan costo, menos la Rosada

Todos los agentes económicos –desde gobernadores hasta empresas– sufren lo que ya se parece mucho a un ajuste. La única que parece exenta es la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo Nacional es un aspirador serial de fondos que, hasta ahora, ha sido muy exitoso en trasladarle al resto su cada vez más costoso modo de acumular poder. Más allá de pésimas administraciones locales, la absorción de recursos provinciales –y por ende también de municipios– en manos nacionales ya es proverbial. En el primer cuatrimestre, las provincias recibieron –por coparticipación y leyes especiales– un 29,4 por ciento de los ingresos de la Nación. Un año atrás, habían recibido 29,8. ¿No es mucho? Son 523 millones de pesos. Y es un goteo que lleva ya una década. Empezó con Eduardo Duhalde y se agravó con los Kirchner. Pero gobernadores e intendentes han perdido todavía más por envíos nacionales de partidas que no dependen de una ley.Y son ellos los que tienen que garantizar clases, atención de la salud, seguridad y justicia. O tienen que frenar paros, como el de los colectivos de Córdoba capital, aunque a los aumentos de sueldos los acuerda la Nación, que luego reparte los subsidios de modo tal que en el Gran Buenos Aires –donde el transporte está bajo su órbita– nunca haya paros y jamás suba el boleto.Pero hay más. La Nación no tiene problemas para tomar plata "prestada". A cambio de bonos con tasas negativas toma reservas en dólares del Banco Central, y ahora también más pesos que antes de los que imprime la entidad. Y toma recursos de la Anses. Las provincias tienen cerradas esas canillas generosas. Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, Corrientes, Misiones, Santa Cruz, Río Negro, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Mendoza y Santa Fe han emitido letras de cortísimo plazo o tomado préstamos bancarios para pagar sueldos. Aun así, Santa Cruz no los está pagando.Para ellas rige el riesgo país, que ayer estuvo en 1.010 puntos básicos, limbo en el que se mantiene (Brasil tiene un riesgo de 188 puntos) desde que la Nación reformó el Central para financiarse y se dio un baño nacionalista expropiando YPF para lavar el fracaso de una política energética de ocho años, pese a las advertencias.Son las mismas sobretasas de interés que afrontan las empresas y los particulares, cuyos costos suben por una inflación que, a la vez que lima los salarios y la demanda, sube los ingresos nacionales con el más regresivo de los impuestos. A esas empresas y a esos asalariados les caen encima los impuestazos de provincias y municipios en rojo.Con los servicios públicos pasa lo mismo. Muchas distribuidoras eléctricas y de gas están técnicamente en quiebra, porque la Nación no quiere pagar el costo político de autorizar aumentos.El sistema es ingenioso: la Nación es la "buena" que reparte plata para "sostener la demanda agregada", como le gusta decir a la Presidenta. Y el resto son "los malos", forzados a neutralizar esa hipocresía subiendo precios e impuestos, afrontando pérdidas por paros, negando subas salariales o soportando el descrédito de votantes, clientes y usuarios. Estar del lado bonito del mostrador es lo que permite a la Nación concentrar poder. ¿Qué sentido tendría cambiar?