Todesca denunciará a Guillermo Moreno por abuso de poder
Es por las sanciones que la Secretaría de Comercio impuso a su consultora por difundir datos de la inflación.
El empresario y candidato a jefe de Gobierno porteño por el duhaldismo, Jorge Todesca, presentará mañana una denuncia penal ante la justicia federal contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y cuatro directivos de esa repartición por "abuso de poder" a raíz de las sanciones que se impuso a su consultora por difundir datos de la inflación.
Todesca anunció que la presentación judicial la realizará a las 11 de mañana en los tribunales del barrio porteño de Retiro.
El dueño de la consultora Finsoport SA dijo que su demanda se basa en "actuaciones de la Secretaría de Comercio que culminaron en el dictado de una resolución del director de Lealtad Comercial, mediante la cual se impuso una sanción económica de 500 mil pesos a la empresa".
El planteo apuntará contra Moreno y los directores de Lealtad Comercial, Adalberto Gabriel Rotella, el funcionario Guillermo David y el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro.
Todesca los denunciará por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público al señalar que el gobierno basa sus intimaciones en disposiciones de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial pero, indicó, "en ningún renglón se menciona la labor de los profesionales de Ciencias Económicas, que no pueden ser alcanzados por la palabra servicios".
"De ser así, los profesionales de la arquitectura, agrimensura, abogacía y escribanía serían alcanzadas, ya que todos vierten opiniones profesionales", indicó en un comunicado.
Todesca sostuvo que los funcionarios "han dictado resoluciones contrarias a la Constitución Nacional, aprovechándose del poder que les fuera conferido legalmente" y que "menoscaban el derecho a la Libertad de Expresión".
Según el dirigente, con esas sanciones "pretenden obturar la labor profesional articulando expedientes administrativos basados en una supuesta denuncia de particulares, para aplicar una normativa ilegal".
Así, dijo, buscan "intimidarlos de modo tal que se impida la difusión de ningún informe micro o macroeconómico que difiera de los que proporciona el gobierno central".
