Tan transparentes que resultaron casi obscenos

Un Gobierno y un gremio se encargan de organizar concursos "abiertos a todos los ciudadanos" para los puestos administrativos mejor remunerados de la Provincia. Los resultados indican que los militantes designados por el Gobierno se quedaron con el 54 por ciento de los cargos y los empleados estatales representados por el gremio en cuestión, la UPS, con el 44 por ciento. Para todo el resto de los ciudadanos, quedó apenas el dos por ciento de los cargos. Si este ejemplo se aplicara a cualquier otro ámbito, la conclusión obvia sería que los organizadores procuraron beneficiar a los suyos, y que lo lograron. Y es lo que efectivamente ocurrió en el caso de los 747 cargos de mayor jerarquía de la administración provincial. Pero para el Gobierno, se presencia un proceso de "transparencia histórica".Esto es cierto en parte. Los concursos tuvieron la enorme virtud de transparentar de modo casi obsceno cómo funciona la maquinaria que garantiza que en el Estado permanezcan hasta el momento de jubilarse quienes casi invariablemente acceden por acomodo. Nunca se pudo comprobar en Córdoba cómo funcionarían esas mismas dependencias si estuvieran integradas por empleados de probidad garantizada. Y no será esta la ocasión.Los concursos dejaron ver lo que casi siempre se resuelve en un despacho, con una simple firma y con menos polémica. Fue el precio que aceptó pagar el gobernador Juan Schiaretti cuando decidió garantizarles a sus funcionarios la permanencia en los puestos de mayor jerarquía. La tradición indica que los amigos entran como contratados, que a la menor posibilidad de que esos contratos terminen hay asambleas, y que tarde o temprano –sin que medie evaluación alguna– llega el mágico pase a planta permanente. Esa categoría coloca a quienes la detentan en una dimensión que jamás conocerá ningún empleado del sector privado: la plena seguridad de que nunca en la vida serán desempleados. Schiaretti fue mucho más generoso con sus funcionarios: con los concursos, les garantizó de forma permanente o al menos por cinco años, los máximos sueldos disponibles en la administración. En todo lo demás, los concursos fueron más de lo mismo: un reparto de puestos entre los militantes propios y el poder gremial, que al mismo tiempo que acomoda a los suyos, legitima todo el proceso y se abstiene de asambleas o denuncias. La fórmula se aplica de modo riguroso desde siempre en casi todas las dependencias provinciales, con las valiosas excepciones de maestros, algunos estamentos de los equipos de salud y empleados del Poder Judicial. El acomodo es regla en Epec y el Banco de Córdoba, para no hablar de la Municipalidad capitalina, donde estas prácticas de compartir con el gremio el reparto de cargos a dedo fueron tan desmesuradas durante la gestión del ex intendente Luis Juez que hicieron inconducente el ejercicio de las funciones básicas del municipio por la impresionante partida que consumen los sueldos. Para peor, el ciclo que se inicia con el acomodo no se agota en la vida laboral. Dura hasta la muerte. Los empleados de la Provincia, de sus organismos descentralizados y de todos los municipios, cuando dejan de trabajar pasan a depender de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que les garantiza más beneficios que los que pueda obtener cualquier trabajador del sector privado. Tantos son los beneficios, que no alcanzan los aportes de los miembros de la cofradía de empleados públicos, y deben solventarlos el resto de los cordobeses. Aquellos que nunca tuvieron la suerte de ser acomodados en un cargo público, y aquellos que alguna vez pasaron horas estudiando para un concurso que ya tenía ganador antes de sustanciarse.