Sin sorpresas, no hubo sorpresas
El fluidísimo diálogo del fiscal con el actual jefe de Policía y el de este con el ministro Saieg permitieron plantear una estrategia.
Las imputaciones y detenciones de 16 policías, de una exagente penitenciaria y de una mujer que habría promovido el desbordado reclamo policial de diciembre pasado no fueron una sorpresa para el poder político provincial. Y en la política, cuando no hay hechos sorpresivos, las consecuencias suelen ser manejables, previsibles... Y no hay sorpresas (Testimonio del exjefe resultó clave para la detención de los 16 policías).
En la evolución judicial de las consecuencias de la tragedia de diciembre, tampoco las hubo. Y bastó un llamado telefónico para que se montara una estrategia política para evitar desbordes.El fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, había anticipado que la investigación judicial de los dramáticos episodios que comenzaron con la huelga policial y terminaron con los saqueos iba a tener dos líneas concretas: la línea de la responsabilidad penal de los saqueadores (por la cual medio centenar de ciudadanos permanecen detenidos) y la línea de la eventual responsabilidad penal policial.La denuncia que hace dos semanas formularon un penalista y el propio Colegio de Abogados de Córdoba para que se investigara la eventual comisión de delitos por parte de uniformados no hizo más que fundamentar la pesquisa de Garzón en esa dirección. Y con una Policía y un sistema de seguridad en crisis, también para el Poder Político resultaba tan necesario como urgente que se encontrara a los presuntos responsables, para separarlos y recuperar la credibilidad perdida. Las necesidades coincidentes reforzaron la comunicación. El fluidísimo diálogo que el fiscal Garzón mantiene hoy con el jefe de Policía, Julio Suárez, y el que este tiene a su vez con el ministro de Gobierno, Walter Saieg, le permitieron a José Manuel de la Sota plantear una estrategia global para que las soluciones no se convirtieran en problemas. Gracias a eso, las detenciones coincidieron con los pases a situación pasiva de cuatro policías rebeldes, y con los retiros forzados de cuatro comisarios mayores que no estaban en los planes de las actuales autoridades.
