Se repite la historia de la venta del ex Abasto

Giacomino reitera una práctica polémica: el acuerdo de secretarios para suplir el aval de tribunos de cuentas y concejales. La observación que el Tribunal de Cuentas Municipal realizó al decreto por el cual el Ejecutivo aumenta en 70 millones de pesos el presupuesto 2010 parece que va camino a repetir una historia que ya se registró en otros temas polémicos de la gestión de Daniel Giacomino: que el intendente termina convalidando sus decisiones con el único apoyo de su gabinete, pero con el rechazo manifiesto del referido órgano de control y también del Concejo Deliberante.Al insistir Daniel Giacomino en su idea de cambiar el presupuesto con acuerdo de sus secretarios, más temprano o más tarde el Tribunal de Cuentas volverá a expedirse sobre la cuestión. Si –como se descuenta– los vocales radicales y juecistas ratifican su rechazo al expediente y lo visan con reservas, el asunto irá a parar al Concejo Deliberante.No obstante, ese cuerpo podrá actuar sólo como caja de resonancia política de las diferencias entre Ejecutivo y Tribunal de Cuentas, pero no dispone de margen legal para torcer lo que resuelven el intendente y sus secretarios.Esta misma situación ya se registró el mes pasado, cuando los tribunos objetaron la venta directa que Giacomino hizo de varios lotes del ex Abasto (en la bajada Alvear), a nombre de la empresa constructora Oresti SRL, por 12,6 millones de pesos. El intendente ratificó esa operatoria con la firma de todos sus secretarios y la venta quedó firme.En ese caso, el Concejo aprobó por mayoría dos proyectos: uno de dejando constancia de su rechazo al mecanismo de venta directa; y otro pidiendo al Ejecutivo que anule el decreto que avaló la enajenación. Giacomino contestó con un dictamen de Asesoría Letrada que consideraba improcedente la solicitud.En similar situación, aunque todavía sin pronunciamiento de los concejales, se encuentra otro expediente referido al dinero que a comienzos de 2009 aportó el gremio de los Camioneros para poner en marcha la empresa Crese. El acuerdo, que fue rechazado por el Tribunal de Cuentas y que varios ediles calificaron de "usurario", aún permanece en la Comisión de Legislación General del cuerpo. Por supuesto que la ciudad ya le pagó al gremio del todopoderoso Hugo Moyano hasta el último peso.