Se profundiza la protesta de uniformados
A Gendarmería y Prefectura se sumó un pequeño sector de la Armada. El Gobierno suspendió el recorte salarial y relevó a las cúpulas de ambas fuerzas. El reclamo se extendió y continúa hoy.
Buenos Aires. La rebelión de efectivos de La Prefectura en protesta por la reducción de sus salarios se extendió ayer a la Gendarmería y a sectores de suboficiales de la Armada, pese a la decisión del Gobierno nacional de suspender la aplicación de esos recortes y de relevar a las cúpulas de ambas fuerzas de seguridad. Anoche, los nuevos jefes de La Prefectura y de la Gendarmería buscaban encaminar una solución en reuniones con delegados de los efectivos rebeldes, mayoritariamente suboficiales afectados por los recortes salariales, que ocupan los edificios Guardacostas y Centinela, en la zona portuaria porteña, epicentro del reclamo.La ampliación de la protesta, que la mañana del martes habían comenzado los prefectos y que ayer abarcó a la otra fuerza y se extendió a por lo menos una docena de provincias, generó una creciente tensión que llevó a algunos miembros del oficialismo a advertir sobre intentos de "desestabilización" y "atentado contra la democracia", tras equipararlo con el frustrado conato contra el ecuatoriano Rafael Correa en 2009 y el que destituyó este año al paraguayo Fernando Lugo. Hasta en el Congreso hubo preocupación cuando por separado la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron con la participación de los bloques oficialistas y de la mayoría de la oposición declaraciones conjuntas en las que exigieron a los efectivos de seguridad "subordinación a las autoridades legalmente constituidas".Desde la residencia de Olivos, la presidenta Cristina Fernández monitoreó la situación durante toda la jornada, hasta que sobre el final de la tarde se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con su par libanés, Michel Sleiman. Pese a que habló en público, no dijo una palabra sobre el conflicto. Sobre el mediodía, y después de que se sumaran los gendarmes a la protesta, el Gobierno anunció la suspensión por este mes de la aplicación del decreto 1307, firmado por la Presidenta y la ministra de Seguridad Nilda Garré, el cual al eliminar pagos adicionales significó una poda de entre 40 y 70 por ciento en los salarios de los efectivos de seguridad.Al hacer el anuncio, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, junto a Garré y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, responsabilizó a las jefaturas de Prefectura y Gendarmería por la "desastrosa" aplicación del decreto, por lo que de ahora en más esa tarea la realizará el Ministerio de Seguridad.La consecuencia política de esa imputación fue el relevo que al promediar la tarde anunció Garré junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni, de las diez autoridades máximas de ambas fuerzas, entre ellos los jefes de Gendarmería, Hernán Schenone, y de Prefectura, Oscar Arce, reemplazados por Enrique Zach y Luis Heiler."Queda así normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad", cerró el escueto anuncio Garré. Pero apenas 25 minutos después, los varios centenares de gendarmes y prefectos reunidos en asamblea a las puertas de los edificios-sede demostraron lo contrario y reforzaron la protesta, a esa altura con apoyo de suboficiales de la Armada y de un grupo reducido de policías bonaerenses. "De acá no se mueve nadie", dijo entonces el sargento Diego Serrano, después de leer un petitorio conjunto de gendarmes y prefectos de siete puntos. Entre ellos, avanzaron con el reclamo de la derogación del decreto cuya suspensión había anunciado Abal Medina, un salario mínimo de siete mil pesos mensuales (hoy de unos 2.600) y garantías de que no habrá sanciones de ningún tipo contra los que participan de la rebelión.Además, emplazaron al Gobierno a dar respuesta a sus reclamos en dos horas, lo que se tradujo en el intento de encaminar una solución con la presencia de los nuevos jefes de Prefectura y Gendarmería en los edificios, para dialogar con los efectivos en rebelión.Los informales voceros de la protesta rechazaron ser parte de intentos de desestabilización, como lo había apuntado el jefe de Gabinete, cuando al hacer el anuncio, si bien reconoció los "justos y correctos reclamos", dijo que "los argentinos hemos visto imágenes de nuestro pasado que nunca más queremos repetir", en alusión a los levantamientos "carapintadas".
Miradas diferentes
Juan M. Abal Medina, jefe de Gabinete de la Nación. "Fue francamente desastrosa la liquidación de salarios. Existen serias sospechas de que, con la incorrecta liquidación, los que más ganan dentro de la Prefectura pretendieron usar a los de más abajo como carne de maniobra para mantener sus privilegios".
Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño. "Señores gendarmes, prefectos y miembros de las fuerzas de seguridad: los entiendo. Llevan una década de maltrato y humillación por parte de un Gobierno nacional que ha improvisado sus políticas de seguridad. Pero vuelvan a sus casas y abran un canal de diálogo".
Julián Domínguez, titular de la Cámara de Diputados. "Quienes tienen la responsabilidad de ejercer la fuerza de seguridad pública no pueden, en ningún caso, hacer abandono de su deber ni causar sensación de zozobra en la población. La fuerzas de seguridad de la Nación deben actuar dentro del ámbito constitucional".
Mario Barletta, titular del comité nacional UCR. "Es justo el reclamo frente a un Estado que se comporta como un empleador explotador. El Gobierno es el principal responsable de que las fuerzas estén hoy protestando. No puede adoptar la actitud cínica de tildar el reclamo como un atentado contra la democracia".
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