Se podrá demoler sólo en días hábiles

La Municipalidad de Córdoba autorizó ayer al mediodía a la empresa Brasca, subcontratada de Electroingeniería, a retomar las tareas de demolición de la Casa de las Tejas, aunque reparó en el cumplimiento de las ordenanzas que impiden el trabajo los fines de semana y feriados. Lo dispuso el intendente, Daniel Giacomino, que retomó funciones tras sus vacaciones y lo primero que hizo fue abocarse al tema, aunque evitó el contacto con la prensa. Por lo que la resolución se conoció mediante un comunicado."Se permite la continuidad de las tareas de transporte y disposición final de los restos de obra generados en la demolición de la Casa de Gobierno, haciéndole saber que deberán dar estricto cumplimiento con la normativa vigente en materia de demoliciones, así como del traslado y disposición final de restos de obra y demoliciones", advirtió el municipio.La disposición –transgredida los dos primeros fines de semana– precisa en su segundo punto que el trabajo de demolición "deberá realizarse entre las 7 y las 19 de los días hábiles". En cambio, según señalaron fuentes municipales, "los traslados de escombros sí pueden llevarse adelante de lunes a lunes".El trabajo estuvo paralizado durante el fin de semana tras el hallazgo de documentación oficial en los volcamientos ilegales que se realizaron en La Cañada, a la altura de barrio Suárez, y que descubrió La Voz del Interior el jueves pasado, por lo que el viernes se tomó la medida de frenar la obra.Ayer a la mañana la contratista presentó los documentos que le habían sido requeridos para continuar los trabajos: constancia de la recepción escombros en predio autorizado, registro de los vehículos afec-tados a la obra y el saneamien-to de los lugares en donde se arrojaron restos de obra no permitidos.Carlos Bergoglio, vocero de Electroingeniería, dijo que sostenía las declaraciones vertidas en los últimos días por lo que el cronograma de demolición no se verá afectado. Nuevo fiscal y más polémica. El fiscal de Distrito 4, Turno 2, Eugenio Pérez Moreno, recibió ayer la causa por la posible contaminación en La Cañada que podrían haber ocasionado los escombros de la Casa de las Tejas junto a una ampliación de denuncia. La investigación, una de las dos, impulsada por el titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, estaba a cargo de María Antonia De la Rúa, quien terminó su turno de Feria y la remitió a su colega.En relación al avance de la causa, Pérez Moreno explicó a este medio que aún "faltan los informes del material recolectado", por lo que ahora deberá aguardar la palabra de los especialistas para "ver de qué tipo de material se trata" y constatar si hubo delito o no.En la ampliación ante la fiscalía de Distrito 4, Turno 2, Montenegro pidió nuevamente que se frene la demolición hasta que se realice "un análisis cualitativo y cuantitativo de metales pesados, plomo y cobre en los restos de la demolición y en los escombros, la detección de fibrocemento y asbesto", según señaló su abogado, Carlos Nayi.Además, solicitó que "se determine en los edificios que quedan en pie la existencia de materiales de riesgo al igual que entre los escombros arrojados a La Cañada y otros lugares no autorizados". Y que incluso "se realice un muestreo del polvo acumulado en ambientes de vecinos de Casa de Gobierno, producto de la demolición y analizar en ellos la existencia de materiales pesados y asbesto". La segunda ampliación. Paralelamente, la Funam amplió la denuncia en el fuero Penal, Económico y Anticorrupción, en la causa que investiga la posible destrucción de documentos públicos. En este caso, se pidió que se indague si el Gobierno siguió el criterio legal para la eliminación de la documentación oficial previsto en el decreto provincial 1.659/97, de Ramón Mestre. El ambientalista señaló que la norma establece que la destrucción solo podrá hacerse "por trituración o despulpamiento" y que deberá intervenir "la Escribanía de Gobierno". "Posteriormente funcionarios del Gobierno provincial indicaron que se trataba de documentos sin valor, ignorando o bien omitiendo señalar que ni siquiera el gobernador puede calificar su valor. Para eso se aprobó el decreto 1.659/97", indicó Montenegro. Hidalgo agregó que desde ayer analizan la documentación recogida del procedimiento policial realizado. Asimismo, el representante del Ministerio Público estimó que ese trabajo se extenderá al menos unos tres días.En tanto, las actuaciones suceden en la causa iniciada por Montenegro para que se investigue si el gobernador Juan Schiaretti, incurrió en los delitos de abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, hay dos presentaciones de legisladores del Frente Cívico relacionadas a la demolición.