Scioli, Macri y la terquedad de la historia

1975. El déficit fiscal del Estado argentino llegó ese año al 12,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), precedido por el 6,5 por ciento de 1974. Desencadenó una devaluación con tarifazo, tras años de control de precios y emisión monetaria.

Ello se sumó a la violencia política de la etapa “herbívora” del peronismo, en un caos creciente que los poderes políticos no fueron capaces de frenar. Argentina perdió el Estado de derecho, que se transformó en criminal, con la desaparición forzada de personas.

1982. El déficit fiscal alcanzó a 10,2 puntos del PIB, precedido por los casi seis puntos de 1980 y los casi 10 de 1981, en una economía estancada e inflacionaria. La dictadura nunca puso en caja al Estado. Y Argentina se "compró" su única guerra internacional del siglo 20: fue la salida elegida por un partido militar que se había apropiado del Estado para cimentar un poder que alucinó sin plazos. De paso, lo había vuelto a quebrar.

1988. El déficit fiscal llega a 6,1 por ciento del PIB, luego de haber alcanzado cinco puntos el año anterior. El alfonsinismo y su circunstancia (un panorama externo muy negativo; la ensoñación hegemónica de un tercer movimiento histórico sin calcular su debilidad política) se llevan puesta a la macroeconomía. Todo estalla en 1989: la emisión se traduce en inflación de 4.924 por ciento. El gobierno se cae antes de tiempo y Argentina pierde su capacidad de emitir moneda, cosa que persiste hasta hoy.

2001. El déficit fiscal toca 3,2 puntos del PIB, después del 2,4 del año previo y del 1,7 de 1999. Se dirá que es poco. El problema es que la dura regla de la convertibilidad impedía emitir un solo peso sin respaldo para cubrir el rojo del Estado. Si las veces anteriores esa había sido la maniobra básica de quienes se adueñaban del Estado para comprar desde allí su poder, esta vez la puerta estaba cerrada. Se zafó con endeudamiento, hasta que eso se agotó. Esta vez, se perdió la capacidad de tomar deuda en el mercado mundial, fruto del default. Eso se mantiene hasta hoy.

En 2014, el déficit fiscal alcanzó el 2,8 por ciento, precedido del 1,9 por ciento en 2013. Las estimaciones para el déficit de 2015 son muy variadas. Pero todas crecientes: van de 4 a 7 puntos del PIB. Esto pese a la carga tributaria récord sobre la economía, con la puerta del endeudamiento genuino semicerrada y con una inflación que no es alta para la historia argentina, pero es la segunda más alta del mundo, porque el planeta ya no es inflacionario. Osea: la emisión para cubrir el rojo también parece agotada.

Advertencia: obviamente, el déficit fiscal no es el única determinante de la historia, como bien dicen quienes le restan importancia. Pero eso no borra el hecho de que haya sido un compañero inseparable de las mayores crisis argentinas.

La pregunta es: ¿el poder político argentino está preparado para revertir este desequilibrio? ¿O en realidad la historia del país evidencia que el poder siempre ha sido un especialista en crearlo?

No es descabellado pensar que, en realidad, vivimos en una sociedad sin representación política genuina. Donde el poder se construye invariablemente y sólo cuando alguien logra apropiarse del Estado para financiar desde allí a su militancia; beneficiar a ciertos votantes con subsidios insostenibles; destruir con el prepo de los recursos a toda oposición para solidificar una hegemonía semifacha; y no molestar a las muchas corporaciones que tapan su ineficiencia con un gasto público imparable.

Y que, por eso, los poderes políticos argentinos sólo saben incrementar el déficit. La tarea de bajarlo se la han dejado siempre a las “crisis”, presentadas no como fenómenos provocados políticamente, sino como “naturales”.

En vísperas de estas elecciones sobresale otra pregunta. Si la elite política argentina tuviera voluntad de afrontar este problema –el más eludido de toda la campaña electoral–. ¿Quién estaría en mejores condiciones de hacerlo? Consideremos sólo a los dos que encabezan las encuestas.

¿Mauricio Macri, con el respaldo de un 30 y pico por ciento de los votantes, algunos de los cuales intuyen que este es el programa de Cambiemos? Si así fuera, un problema extra sería que Cambiemos jamás explicó en la campaña que sepa, quiera y pueda hacer esto.

¿O Daniel Scioli, con el apoyo de un 40 y pico por ciento de ciudadanos, pero que consideran haber sido beneficiarios de las políticas que ahora deberían revertirse? Si así fuera, un problema extra sería que el sciolismo estará bajo la vigilancia estricta de sus socios K, precisamente quienes hipotecaron los superávits que heredaron en 2003 –y los convirtieron en déficits– para financiar su propia hegemonía.

La historia da respuestas deprimentes. Ojalá el presente nos dé otra, distinta.