Sabsay: La reforma judicial es un plan de impunidad

El constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó con dureza el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional y lo atribuyó a un intento del oficialismo de “montar un plan de impunidad”.

“No podía ser menos feliz la oportunidad. Con 11 millones de personas asistidas de manera alimentaria, la mitad de la población en la pobreza, una estimación de pérdidas de dos millones de puestos de trabajo, no parece de necesidad y urgencia de reformar el sistema judicial. ¿Por qué tanto interés?”, arrancó Sabsay, en su disertación virtual de este jueves en la Cámara de Comercio de Córdoba.

Es una reforma entre gallos y medianoche, con pretensión de apuro y con la Corte como gran enigma, aunque ya sabemos dónde apunta todo”, indicó.

El letrado evocó otras reformas judiciales del kirchnerismo, como la modificación del Consejo de la Magistratura en 2006, impulsada por la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández, “para que tenga amplia mayoría el sector político para que un juez necesite de un padrino político para ser designado”.

“Si la Corte Suprema restableciera el Consejo de la Magistratura original daría un paso muy importante para la independencia del Poder Judicial”, indicó.

Para Sabsay, la comisión asesora para cambiar la Corte es inconstitucional y alertó sobre la presencia de dos abogados de Cristina Fernández (León Arslanian y Carlos Beraldi) en ese cuerpo: “Con esos tábanos, el Presidente se está entrometiendo en la Corte para intervenir en las causas vinculadas a la vicepresidenta”.

Sabsay alertó sobre la cantidad de penalistas en ese consejo y dijo que se busca la ampliación del número de miembros “por la añoranza que tienen de repetir aquello que hizo Carlos Menem y su mayoría automática”.

Sobre la ampliación del número de juzgados del fuero penal federal, consideró que es “perverso” y busca “tener jueces amigos para garantizar las causas” que involucran o puedan involucrar a los miembros del oficialismo.

Sostuvo que los nuevos cargos judiciales tanto en la Capital Federal como en las provincias tendrían un costo anual de unos 5 mil millones de pesos.

“Se pretende la destrucción total del Poder Judicial y someterla a los caprichos de un presidente que gobierna por decreto”, planteó.

Sabsay remarcó que la Constitución y la Justicia “son cosas demasiados importantes para dejarlas sólo en manos de personas expertas en Derecho”.