Rotas cadenas

La Cámara deberá resolver sobre una medida de no innovar presentada por el defensor público oficial, Esteban Lozada, y la Procuración Penitenciaria ante el juez federal de San Francisco, Mario Garzón, debido al anuncio de no trasladar más a procesados y condenados federales por parte de la ministra de Justicia provincial, Graciela Chayeb.

La presentación se relaciona con la denuncia y el pedido de un hábeas corpus de Lozada en el traslado de presos encadenados a una misma barra de hierro en el interior de un vehículo del Servicio Penitenciario desde San Francisco a Tribunales Federales.

Lozada actuó en defensa de un detenido y resaltó el riesgo de muerte que corrían los presos en caso de un accidente vial, a lo que el juez Garzón no hizo lugar.

El caso llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, la que, además de coincidir con los vejámenes planteados por Lozada, criticó con severidad el fallo del juez Garzón y le ordenó investigar las irregularidades por el uso de cadenas, prohibido en el orden internacional, nacional e incluso provincial.

En el ámbito de la Justicia Federal, llamó la atención la férrea defensa de Chayeb por la utilización de cadenas para la sujeción de presos, desconociendo incluso un fallo de dos años atrás de la jueza de Ejecución Penal de San Francisco, María Teresa Garay, al conceder un hábeas corpus a presos encadenados.

“Saben que las cadenas están prohibidas, pero las siguen utilizando por un capricho del Servicio Penitenciario”, deslizó un magistrado federal.

Al parecer, la tozudez de algunos funcionarios hace que se defiendan métodos propios de la esclavitud, cuando, por ley, los presos no pueden ser encadenados.