Reformas necesarias, legítimas y equilibradas

Lo que ocurre con la demora en la integración de la Cámara Federal de Córdoba y con los vericuetos del concurso del que surgió el cuestionado (y cajoneado) orden de mérito es una muestra de que en la Justicia y en la política judicial de la Argentina hay muchas cosas que deben cambiar.

Atenta contra los intereses del Estado (el Estado somos todos) y pone en riesgo el derecho ciudadano a un efectivo servicio de justicia que durante años una Cámara Federal de Apelaciones funcione con la mitad de sus miembros trabajando a la mitad de sus posibilidades reales.

Los jueces que ocupan temporalmente estas vacantes a través de subrogancias no dejan de atender sus propias jurisdicciones, y la capacidad que tiene un magistrado para atender su propio juzgado debe aplicarse también para la nueva responsabilidad. Alguna de las dos responsabilidades deja de ser full time, y el justiciable ya no recibe el mismo servicio.

Hace tres años, el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Eduardo Riggi, advirtió acerca de la “situación de sobrecarga y desborde jurisdiccional” provocada por esta duplicación de tareas de los jueces por la cantidad enorme de subrogancias.

Es obvio que el Poder Ejecutivo utiliza sus facultades para apurar las designaciones de los jueces amigos y para frenar o demorar las de los que no lo son.

También atenta contra el interés del Estado que los procesos de selección de los aspirantes a jueces y fiscales, por parte del Consejo de la Magistratura, resulten tan lentos y amañados como el que describe este informe. Que un funcionario judicial que llegó a tener una decena de imputaciones y otras tantas denuncias (y que ahora esté a punto de ser sometido a un proceso de destitución) logre aparecer de golpe y porrazo –gracias a una inexplicable alteración del orden original– en el quinteto de posibles camaristas federales evidencia problemas en el sistema.

En esta necesidad de cambios se apoyó el Gobierno nacional para reclamar e impulsar reformas en el Poder Judicial de la Nación, sobre todo en el Consejo de la Magistratura. Pero las reformas planteadas por el kirchnerismo contra las prácticas de lo que actúa como una corporación judicial pusieron en evidencia que el objetivo final era reemplazar estas actitudes corporativas por otras similares, sólo que más afines a los apetitos del poder central que hoy encarna Cristina Fernández de Kirchner.

Quizá haya sido por eso que la necesaria reforma que se impulsó en nombre de una Justicia de verdad legítima y equilibrada haya caído por un fallo de la Corte Suprema: porque no era tan legítima ni tan equilibrada.