Reclaman por demoras de cuatro años en el fuero Anticorrupción
Es en la causa que investiga a ex gerenciadores del ex Ipam por supuesto desvío de fondos de una de las gerenciadoras.
Un abogado del fuero local le pidió al fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, que intervenga en la resolución de una causa que está radicada en una de las fiscalías del fuero Penal, Económico y Anticorrupción, casi sin registrar avances desde 2006 hasta la fecha.
Se trata del caso "Abramián, Guillermo y otros, supuestos autores de defraudación por administración fraudulenta", en la que están imputados Abramián y Ricardo Ceferino Núñez, representantes legales de la firma adjudicataria de la Red Violeta, Coprin UTE, y Fernando Márquez, contador de varias empresas del mismo grupo. Se les acusa de haber desviado fondos que el ex Ipam (ahora Apross) pagaba para solventar la prestación de servicios médicos a sus beneficiarios.
El abogado Alejandro Pérez Moreno, quien pidió la intervención de Vezzaro, es apoderado de Enrique Dalvit, un médico riocuartense que actúa como querellante en el proceso que tiene como imputados a ex directivos de la Red Violeta, una de las gerenciadoras del ex Ipam en el período 2000/2004, denunciada por irregularidades por directivos del Hospital Italiano.
Según Pérez Moreno, desde 2006 hasta la fecha "no se han registrado actos procesales de relevancia" en el caso que investiga el fiscal Hugo Amayusco. "El expediente -señaló Pérez Moreno- está en condiciones concretas y objetivas de resolverse, es decir, de proceder a la clausura de la instrucción".
Empresas "fantasmas". En el expediente que Pérez Moreno cree parado, se les atribuye a los acusados haber creado cinco empresas "fantasmas", las que, sin prestar servicios, habrían percibido más de seis millones y medio de pesos entre agosto de 2003 y diciembre de 2004. La operación consistía, se lee en el expediente, en desviar hacia esas firmas los fondos que ingresaban a la Unión Transitoria Coprin-Red Violeta provenientes de la obra social.
Estas empresas fantasmas, supuestamente destinadas "a brindar prestaciones y servicios relacionados con la salud humana", estaban siempre integradas por las mismas personas: Raúl Alberto Aguirre, sus padres Enzo Carlos Aguirre y Olga Esther Cusmai; y Carolina Maricel Mármol.
En abril último, Dalvit y su abogado Pérez Moreno le habían solicitado a Amayusco la clausura de la instrucción y la elevación a juicio de la causa. "No existen medidas probatorias pendientes" reiteró el abogado al solicitar ahora la intervención de Vezzaro.
Se apoya el abogado en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que faculta al Fiscal General a "atender las quejas que ante él se promuevan por la inacción o retardo de los demás órganos y funcionarios del mismo, a quienes apercibirá y exigirá el cumplimiento de sus deberes, fijándoles término para dictaminar".
Este diario llamó al teléfono de Amayusco en varias oportunidades, para conocer su versión de los hechos y el estado de la causa, pero no obtuvo respuesta.
