Puntos grises en la prueba de la blancura

Para los 66 mil jubilados provinciales que recibirán aumentos -de 606 pesos mensuales para el sector salud, 142 pesos para docentes y 394 pesos en el caso de los policías retirados, por ejemplo- el blanqueo salarial es importante. Pero no tanto como promociona el Gobierno de Juan Schiaretti, que ahora considera los pagos no remunerativos son una afrenta a los trabajadores, mientras que durante la década en que gobernó Unión por Córdoba las negociaciones salariales los incluyeron casi rigurosamente.

La ley de blanqueo que ayer aprobó la Legislatura contiene, no obstante, tres puntos al menos grises. El principal es que las sumas blanqueadas no van al salario básico y por lo tanto no suponen beneficios para el bolsillo de los agentes públicos. Además, la Provincia accedió a pagarles más a los jubilados, pero restará hasta un punto los aportes patronales a Apross, con lo que el financiamiento de la obra social se llena de interrogantes.

El tercer punto es el más significativo: a los jubilados, el blanqueo se les calcula según el criterio del polémico decreto 1.777 de Ramón Mestre, que el Tribunal Superior de Justicia respalda hoy como entonces. Para algunos gremios se trata de una reforma previsional encubierta. No parece tanto, pero sí está claro que los fundamentos de la ley se ocuparon de sentar expresamente el precedente.