Proponen reforzar el control de constitucionalidad que ejerce la Corte
Oscar Aguad, diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, propone no aprobar pliegos de jueces que no reconozcan expresamente esta facultad del Máximo Tribunal. Sigue la polémica tras la embestida de Cristina.
La dura embestida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en contra de la Corte Suprema de Justicia por declarar inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura sigue generando un fuerte impacto político.
Cristina llegó a decir anteayer en Rosario que los jueces del Máximo Tribunal pueden disponer que no se vote para presidente y legisladores, lo cual mereció fuertes réplicas desde diversos sectores donde se defendió el control de constitucionalidad que debe realizar la Corte Suprema.
Al respecto, el diputado nacional por la UCR Oscar Aguad, miembro del Consejo de la Magistratura, rechazó el “el falso debate instalado por la Presidenta sobre el valor de la Constitución, la interpretación de sus normas y el control de constitucionalidad que le cabe a la Corte Suprema”
“La gravedad institucional que suponen las afirmaciones presidenciales nos obliga a los miembros del Consejo de la Magistratura a un exhaustivo control”, señaló.
Y el legislador cordobés propuso incorporar las pruebas de idoneidad de los aspirantes a jueces de la Nación “preguntas expresas en las que el aspirante deberá fijar posición sobre el control de constitucionalidad que la Corte ejerce sobre los actos ejecutados por los otros poderes del Estado y al valor republicano de la división de poderes”.
Aguad explicó que si el aspirante sostiene “la reaccionaria posición decisionista, según la cual la realización del Derecho depende de una decisión política ejecutada por mayorías circunstanciales, no podrá acceder a la promoción como candidado a juez de la Nación por más brillante que haya sido su examen”.
“Están en juego, sostuvo, no solo el pacto intergeneracional de convivencia contenido en la Constitucional nacional, el Estado de derecho, la seguridad jurídica del país y su previsibilidad y la efectiva división de poderes de la república, sino la evolución y el progreso de la sociedad argentina en su conjunto”, sostuvo.
Además, Aguad recordó que en la discusión de la ley en el Parlamento la oposición, unánimemente, les advirtió “a los legisladores oficialistas sobre la transgresión constitucional que llevaban a cabo, lo que importaba una verdadera reforma constitucional encubierta”.
"Muy feo". En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, acusó a la Corte Suprema de quedarse "en el pasado".
Calificó como “muy feo” para la democracia la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura.
“Cada día estoy convencido de que el fallo de la Corte Suprema no tiene una mirada de contundencia jurídica”, consideró Rossi, quien indicó que desde
el Gobierno se lamentó “muchísimo” la postura que tomó el alto tribunal, ya que cuando “tuvo que decidir, se quedó en el pasado”.
Rossi sostuvo que el fallo de la Corte “está analizado en esta lógica oficialismo y oposición, pero es feo para la democracia que una cabeza del Poder Judicial diga que le dé mayor validez y jerarquía a la legalidad corporativa por encima
de la legitimidad popular en la democracia”.
Mientras, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, cuestionó h aseguró que “tanto en la Nación como en la Provincia hay que reestructurar a la Justicia”. “No existe asidero jurídico para declarar inconstitucional la ley”, indicó.
Oficialistas. Como contrapartida, el diputado nacional Ricardo Alfonsín replicó las descalificaciones presidenciales y afirmó que el gobierno busca "investir de dignidad democrática lo que no es otra cosa de que la intención de manejar" el Poder Judicial "con una mezcla de imposturas, sofismas y cinismo".
Alfonsín recordó que “en los años ’90, utilizaba los mismos argumentos para justificar la subordinación del Poder Judicial al gobierno de entonces. Esto no debería sorprendernos, ya que la mayoría de los actuales oficialistas eran oficialismo en los ’90”.
Golpe de Estado. A su vez, el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, afirmó que la Presidenta está "sembrando una especie de golpe de Estado contra la Justicia" y le atribuyó una "vocación de poder absoluto".
Fargosi acusó a la Presidenta de estar “sembrando una especie de golpe de Estado contra la Justicia” y consideró “muy decepcionante, muy triste y muy preocupante porque la función de un presidente debe ser respetar a los otros Poderes: no agraviarlos y no ironizar”.
El consejero criticó además la advertencia de la diputada kirchnerista Diana Conti de recurrir a la OEA y alertó que “la única salida para esta situación es que el Gobierno cumpla a rajatabla con una sentencia que, si a alguien tiene que preocupar, es a quienes votaron esa ley porque quizá cometieron un delito”.
