Procesaron al camarista Federico Domínguez por "extorsión" a detenidos en causa Amia
Se lo acusa de ser el presunto autor del delito de "extorsión" a imputados por el atentado a la Amia en los '90, para obtener falsas declaraciones y direccionar la investigación por el ataque terrorista.
El presidente de la Cámara de Casación bonaerense, Federico Domínguez, fue procesado hoy, sin prisión preventiva, como presunto autor del delito de "extorsión" a imputados por el atentado a la Amia en los \'90, para obtener falsas declaraciones y direccionar la investigación por el ataque terrorista.
La decisión del juez federal Ariel Lijo recayó sobre Domínguez, el excomisario Luis Ernesto Vicat, la abogada Marta Parascandalo y otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado en la década del 90, según la resolución a la que accedió Télam.
Lijo embargó a todos los procesados por 500.000 pesos.
"Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo José Domínguez, Aldo Andrés Spicacci Citarella, Miguel Ángel Márquez y Marta Nelida Parascándalo ofrecieron beneficios e incluso hicieron uso de amenazas con el único propósito de obligar" a los entonces policías bonaerenses Bautista Alberto Huici, Diego Enrique Barreda y Claudio Walter Araya "a declarar falsamente en la investigación del atentado a la sede de la Amia que tramitaba ante el Juzgado a cargo del Dr. Galeano", concluyó Lijo.
La causa
En el caso de Domínguez, se lo procesó por haber ofrecido beneficios a Huici cuando como abogado lo representó en la causa penal "a cambio de que declare haber visto" en la Brigada de Investigaciones de Lanús la camioneta Traffic que se usó como cochebomba el 18 de julio de 1994 y causó 85 muertos.
También por las presiones a Huici se procesó a Vicat y a la abogada Parascándalo.
En esa Brigada revestía el entonces comisario Juan José Ribelli, quien fue acusado del atentado y estuvo preso casi diez años hasta que fue absuelto por un Tribunal Oral.
Los hechos ocurrieron cuando la causa por el atentado tramitaba a cargo del luego destituido ex juez federal Juan José Galeano, quien ya fue enviado a juicio oral por el pago ilegal de 400.000 dólares al acusado Carlos Telleldín, entre otros delitos.
"Actuaron con el fin de quebrar la libre determinación de aquellas personas que se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad", agregó Lijo sobre los por entonces policías bonaerenses Huici, Barreda y Araya, quienes denunciaron haber sido presionados para involucrar en el atentado a Ribelli.
"Corresponde destacar que los implicados, ya sea en su condición de abogados de las personas damnificadas o como auxiliares de la justicia, tenían autonomía suficiente para no apegarse al plan y actuar conforme a derecho, sin embargo actuaron ilegítimamente a fin de conseguir prueba de mérito falsa que permite imputar a Ribelli en el expediente", evaluó Lijo.
"Actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos, ofreciendo beneficios a cambio de las declaraciones pretendidas, pronunciado frases amedrentadoras sin tener un motivo legitimo para hacerlo. Es decir, colaboraron en forma ilegítima con la decisión de direccionar la causa del atentado a la sede de la Amia en el sentido que había sido dispuesto", se advirtió en el fallo.
