Preocupan intentos regulatorios
Uno de los debates que se instaló con fuerza en la reunión de la SIP estuvo relacionado con medios y libertad de expresión.
Uno de los debates que se instaló con fuerza en la reunión de la SIP estuvo relacionado con medios y libertad de expresión. Algunos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostienen la intención de modificar el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (http://bit.ly/1XcSm0Z). Este establece que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas. Pero advierte que en ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Algunos países, y el propio relator de la CIDH, Edison Lanza, insisten en plantear reformas, por entender que los medios ejercen un poder que no tiene una fábrica o un comercio, lo que exige leyes específicas que garanticen multiplicidad de voces. Como contrapartida, se afirmó aquí que permitir regulaciones ad hoc abre una instancia que puede conspirar contra la libre expresión. Luis Pardo, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, dijo en un panel que si bien la concentración económica de medios puede acarrear peligros, debe ser evitada con los organismos habituales de defensa de la competencia. Carlos Winograd, de la Escuela de Economía de París, fue aún más contundente: los procesos políticos tienen menor velocidad que los cambios tecnológicos. Por ello, si no se quiere impedir la innovación en el sector comunicaciones, lo que debe hacerse es impulsar la competencia, pero asegurando escala de negocios. Porque un país que destruye la innovación congela la brecha digital entre ricos y pobres, dijo. Advirtió que multiplicidad de medios no implica necesariamente diversidad de opiniones. Y agregó que los reguladores de países líderes acompañan los cambios e impulsan la inevitable convergencia tecnológica, en la que todas las formas de comunicación son provistas a través de Internet. Y, paradójicamente, las leyes no regulan la red ni se preocupan por los gigantes del sector, como Google o Facebook.

