Por ahora, Griesa no declara el desacato

Buenos Aires, Nueva York. Al cabo de una jornada tensa en la que el dólar marginal trepó a 14 pesos y el juez Thomas Griesa consideró ilegal el plan de Cristina Fernández de cambiar la sede de pago a sus bonistas, el Gobierno argentino reaccionó con vehemencia contra la actitud del magistrado neoyorquino. Lo acusó de querer presionar al Congreso.

En Nueva York, Griesa había convocado a las partes para evaluar qué hacer ante lo que, en el mercado internacional, se observa como una nueva desobediencia de Argentina ante la sentencia favorable a los buitres.

Al final de la audiencia, Griesa ca­lificó como ­“ilegal” la propuesta argentina porque “viola órdenes judiciales” de una jurisdicción a la que Argentina había decidido someterse y, ­además, porque “no se puede llevar adelante”.

Sin embargo, el juez se negó a decretar, como esperaban los fondos litigantes, que la Argentina se encuentre ya en desacato por esa razón. No hay antecedentes que se conozcan de declaración en desacato de un país soberano. Griesa hizo saber que por ahora “no se pronunciará” acerca del pedido sobre una eventual condición de “desacato”. “Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, es prematuro”, sostuvo. Tampoco dio respuesta al pedido de los holdouts de sancionar a la Argentina.

Griesa dejó claro que las ­instituciones financieras y bancarias que operan en Estados Unidos no podrían participar en la estructuración del cambio de domicilio de pago que impulsa Argentina sin violar las normas estadounidenses. A juicio de los analistas, eso resta viabilidad a la idea de cambiar el domicilio de pago.

Encima, para muchos especialistas, el cambio de domicilio no entraña sólo eso sino un cambio de jurisdicción legal. Para muchos, el sólo hecho de quitar como agente fiduciario al Bank of New York Mellon de por sí elimina el carácter voluntario que, se supone, tiene la propuesta de que los bonistas cobren, en Buenos Aires, a través de Nación Fideicomiso.

El diputado por Unen Alfonso Prat Gay consideró ayer que el proyecto de la Presidenta “no tiene ningún sentido” porque el Poder Ejecutivo ya está auto­rizado a llevar adelante estas negociaciones e incluso a realizar un nuevo canje. “Es para no afrontar los costos políticos”, sostuvo.

En el despacho de Griesa también quedó en evidencia un hecho desconcertante. Los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan al país, le aseguraron al juez que “no conocían” los planes del Gobierno de avanzar con un cambio de domicilio.

En otro orden, trascendió que un grupo de bonistas estaría avanzando en una negociación con el Deutsche Bank, con el fin de lograr la adhesión necesaria para invalidar la cláusula Rufo y permitir que Argentina pueda pagar la sentencia antes del 1° de enero.

El Ministerio de Economía afirmó noche que, al declarar “ilegal” el proyecto legislativo que cambia de domicilio de pago los bonos de la deuda, el juez Griesa “demuestra su desprecio por la soberanía nacional de Argentina”, y lo acusó de pretender “imponer condiciones” al Congreso. “El hecho de declarar ilegal a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra también, nuevamente, su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”, sostuvo la cartera de Hacienda en un comunicado.

Denostó que el magistrado de Nueva York “sólo busca favorecer a los fondos buitre” y reiteró que “la Argentina continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100 por ciento de sus acreedores”.

Mientras, en el país tanto la cotización oficial como la paralela del dólar tocaba nuevos récords. El dólar blue cerró a 13,95 tras tocar los 14 pesos, dos cifras

récord que revelan el grado de incertidumbre financiera derivado de la posibilidad cierta de que se consolide una cesación de pagos.