Podrán apartar a jueces acusados de delitos

El oficialismo está decidido a aprobar un proyecto que modifica la ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de otorgarle al Tribunal Superior la atribución de suspender, con goce de haberes, a los jueces y fiscales que resulten acusados de delitos en el ejercicio de la función. El proyecto en cuestión, que en principio contaría con el aval del máximo Tribunal de la Provincia, sólo tiene dos artículos, uno de ellos de forma. Pero sus efectos son muy importantes, porque le permitirá al Alto Cuerpo aliviar la tensión que implica para el Poder Judicial tener en sus filas, administrando causas o investigaciones, a un magistrado o a un miembro del Ministerio Público sospechado de un delito.Un ejemplo de esa tensión es la que provoca, desde hace casi tres años, la situación del fiscal de Instrucción de Río Segundo, Luis Nazar, quien a pesar de tener varias imputaciones en su contra y dos causas elevadas a juicio sigue en funciones.La iniciativa, que ya se debate en el seno de la Comisión de Asuntos Institucionales, Justicia y Acuerdos, que preside el legislador oficialista Juan Manuel Cid, plantea la modificación del inciso 9 del artículo 12, de la ley 8435.Ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el que establece las atribuciones de Superintendencia al Tribunal Superior para el gobierno del Poder Judicial. Texto propuesto Al inciso 9° vigente, que reconoce la atribución del TSJ de "acordar licencias a magistrados, funcionarios y empleados", se le agregaría el siguiente texto: "Cuando se trate de magistrados y funcionarios sujetos al Jurado de Enjuiciamiento (Jury), que se encuentren acusados por supuesta comisión de delitos en el ejercicio de la función, y a los efectos de resguardar el prestigio del Poder Judicial, el Tribunal Superior podrá otorgar una licencia con goce de haberes hasta tanto quede firme la acusación fiscal. Esta licencia cesará si el Jurado de Enjuiciamiento inadmite la denuncia o, en caso contrario, si suspende al enjuiciado". En los fundamentos, los firmantes de la iniciativa, Sergio Busso y Mabel Genta (Unión por Córdoba) y el radical Carlos Felpeto, argumentan que ante la situación de un magistrado acusado de un delito es necesario dar a la ciudadanía una respuesta sin que esta viole el principio de inocencia del acusado.Luego de los primeros aprestos del debate en comisión, voceros de la oposición señalaron que no conforma plenamente la posibilidad de que un magistrado acusado permanezca mucho tiempo viviendo del Estado y sin trabajar. Al respecto, Cid sostuvo: "Que se le siga pagando el sueldo mientras se lo suspende de la función tiene que ver con que se trata de un acusado, no de un condenado". Y agregó: "Si se le quitara el sueldo, la suspensión sería una sanción". Para Cid, que se le siga pagando el sueldo es la garantía del principio de inocencia.El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo que se buscará el consenso con la oposición. "Vale la pena que todos apoyen esto porque protege un interés colectivo que es la confianza que la sociedad debe tener en uno de los tres poderes, por encima del derecho individual de quien se trate, y de esta manera se aparta a funcionarios sospechados hasta tanto se aclare su situación".