Planteos contra el recálculo previsional
Fueron presentados más de 300 recursos administrativos ante la Caja de Jubilaciones. Es un paso previo para recurrir a la Justicia.
Tras la finalización del receso en la administración pública, la Caja de Jubilaciones acumuló más de 300 reclamos administrativos en contra del recálculo de haberes derivado de la reforma previsional.
Los planteos fueron presentados por estudios jurídicos y tienen el mismo denominador común: son el paso previo para agotar esa vía y recurrir luego a Tribunales con amparos o juicios ordinarios.
En todos los casos, son una queja formal para rechazar el recorte que implica el nuevo método de cálculo de haberes que fijó la ley 10.333 (se pasó del 82 por ciento al 73 por ciento móvil del salario bruto de un activo).
En los documentos se repite el mismo argumento: la violación a los principios de irreductibilidad y proporcionalidad de los haberes.
La Caja tiene un plazo de 120 días hábiles para responder, tras lo cual, si no lo hiciera, los jubilados pueden interponer un recurso de pronto despacho. Si el organismo no contesta, queda habilitada en forma automática la vía contencioso administrativa en la Justicia provincial.
De lo contrario, tras la respuesta de la Caja, los beneficiarios que reclaman pueden interponer un recurso administrativo en contra de esa contestación, tras lo cual corren otros 30 días hábiles de plazo.
En la práctica, agotar la vía administrativa puede demandar hasta un año.
De todos modos, trascendió que el equipo jurídico de la Caja está trabajando para preparar respuestas en lotes de alrededor de 30 casos cada uno.
Aunque el tramo administrativo siempre estuvo entre las posibilidades de rechazo a la reforma previsional, cobró más importancia tras la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación, que a finales del año pasado rechazó un recurso de amparo.
Los jueces consideraron que esa no es la vía ideal, al señalar que sólo es admisible ante la “inexistencia de otros recursos judiciales más idóneos”. El pronunciamiento surgió tras el planteo de Gustavo Gavier, un exfuncionario judicial.
Ayer trascendió que la misma cámara decidió en igual sentido frente a otros dos amparos presentados.
Inconstitucional
En cambio, el camino que está abierto es el planteo de inconstitucionalidad, que ha comenzado a ser transitado por los gremios estatales.
El primer paso lo cristalizó la Unión del Personal Superior (UPS) que, patrocinada por el abogado Horacio Gentile, interpuso ese recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En esencia, el sindicato que conduce Domingo Ovando considera que la ley 10.333 choca contra las garantías que la Constitución provincial establece en sus artículos 55 y 57. “Es un apartamiento a las normas constitucionales en materia previsional”, indicaron.
En diciembre pasado, una semana después de aprobada la polémica reforma previsional, representantes de la UPS y de los sindicatos de Luz y Fuerza (Córdoba, Villa María y Río Cuarto) le presentaron una nota al gobernador Juan Schiaretti.
En ese texto solicitaron la “inmediata derogación” de la ley 10.333, al considerar que significa un “real menoscabo a las garantías constitucionales de los jubilados y pensionados” y de los “trabajadores activos” del Estado provincial.
Los dirigentes indicaron que la norma local “armoniza” con el régimen previsional nacional, pero es inconstitucional por atentar contra la irreductibilidad de los haberes.
Además, indicaron que se “desconoce arbitraria e infundadamente el concepto de remuneración” que establece la ley previsional 8.024.
En esa línea, opinaron que la reforma “implica un real ajuste al sistema previsional provincial que en nada asegura la sustentabilidad financiera del sistema en los años que vendrán”.
Antecedente
A fines del año pasado, el abogado Gentile ya había interpuesto un planteo de inconstitucionalidad ante el TSJ, al considerar que la norma sancionada por la Unicameral es “totalmente inconstitucional”.
En esa oportunidad, Gentile adelantó que su pretensión es llegar a la Corte Suprema e, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Al planteo lo hizo en representación del jubilado y exgremialista bancario Miguel Acosta, quien tiene a su cargo un hijo mayor discapacitado.
