Permiten que Pablo Moyano controle la causa promovida por Suiza

La Cámara Federal aceptó que el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, hijo del líder de la CGT, Hugo Moyano, pueda controlar la causa impulsada por la Justicia suiza contra él y su familia por presunto "lavado de dinero".La Sala Primera de la Cámara, con el voto mayoritario de Jorge Ballestero y Eduardo Farah, hizo lugar al pedido del hijo de Moyano, quien hasta ahora y pese a que la investigación lo involucra directamente, nunca había podido ver la causa.El tercer integrante de la Cámara, Eduardo Freiler, se había pronunciado directamente por anular toda la causa y apartar al juez Norberto Oyarbide de continuar con lo que pudiera quedar en pie.El fallo recuerda que la causa se inició "a raíz de la solicitud de asistencia judicial en materia penal enviada por la Oficina Federal de justicia en Berna en relación al procedimiento penal conducido por el ministerio público fiscal de la Confederación Suiza, en el cual se estaría investigando el posible blanqueo de dinero".En ese contexto, el voto mayoritario consideró que la Cancillería argentina "dio curso" al pedido de Suiza, con lo que tácitamente avaló la continuidad del expediente.Advertencia. Pero advirtió que "resulta evidente que las medidas dispuestas están relacionadas con el peticionante (Pablo Moyano) y su entorno familiar, lo que conduce a admitir su intervención en estas actuaciones".Contrariamente, el juez Freiler interpretó que Oyarbide decidió actuar omitiendo "un requisito indispensable: el dictamen favorable del Ministerio", pues una vez recibido el primer pedido reclamó precisiones e información adicional y "no ha recibido aún respuesta".Según el voto minoritario, Oyarbide "ha soslayado por completo la opinión de la autoridad del poder ejecutivo y ha decidido no sólo avanzar con el procedimiento judicial, casi confundiéndolo como propio, sino también hacer lugar a la rogatoria librada por las autoridades suizas, excediendo notablemente el ámbito de su competencia".Además, le reprochó que en esas actuaciones, que consideró nulas, el juez le permitió ver el expediente a dos ONG, una de ellas representada por Graciela Ocaña: "el proceso ha resultado secreto para la parte pero público para terceros".