Pasaje para salir de Córdoba

Lo saben los especialistas, lo intuían los funcionarios, era casi cuestión de sentido común: es imposible resolver el problema de la trata de personas de un día para el otro. Menos si se lo hace con un criterio abolicionista, que considera a la prostitución un delito y nunca un trabajo como otros. En el discurso, la Provincia sostuvo y aclaró siempre que esta nueva ley antitrata no iba contra aquellas que ejercían la prostitución, sino contra los proxenetas que las explotaban. Sin embargo, en el terreno, las acciones no están tan claras: redadas, trato poco amable a las mujeres, retaceo de fondos a la asociación de meretrices y el ofrecimiento de una alternativa polémica tras cada operativo policial: pagarles el pasaje a las chicas que ejercían la prostitución para que se volvieran a sus provincias o países de origen.Así lo reflejó un informe de este diario publicado el 23 de julio de 2012, cuando hacía poco más de un mes que habían comenzado los operativos.Para los especialistas consultados entonces –integrantes de redes contra víctimas de trata en todo el país–, no había dudas: poco se hace por cambiar en algo la vida de estas mujeres si se las envía a otra provincia sin políticas de reinserción social y articulación con el lugar al que vuelven. Sería como barrer el problema hacia la vereda del vecino, sin ayudar a resolver la cuestión de fondo.Es cierto que se iniciaron causas judiciales contra probables proxenetas y que se ayudó a algunas chicas que estaban en situaciones muy precarias. Pero las quejas de las trabajadoras sexuales continuaron. Y es poco lo que mostró la Provincia, más allá del cierre de 200 prostíbulos.Los reclamos de la delegación local de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas) respecto de que no sólo no se las ayudaba sino que la Provincia les había incluso retirado subsidios, tiene un sustento en cifras: de tres millones y medio de pesos presupuestados este año para "prevención de trata de personas", a septiembre de 2012 se habían comprometido apenas 241 mil pesos y se habían pagado 84.862. Menos del tres por ciento de lo prometido. Los dichos de Susana Trimarco sorprenden, pero vienen a redondear las críticas planteadas a esta ley –al menos, a su utilización– desde que comenzó a implementarse.Cuesta creer que alguien en el Gobierno no lo supiera.