Palenque donde rascarse
Esa misma reforma prevé armar un ejército de fiscales adictos que puedan obviar cualquier acusación contra los funcionarios de la administración saliente.
Hace hoy un año, la Presidenta perdía en las elecciones nacionales. La posibilidad de una nueva reelección quedaba bloqueada por el voto popular. Desde entonces, eligió actuar como oficialismo en lo mínimo necesario y entrenar a su tropa para la resistencia y la oposición.
Desde el fallecimiento de su esposo, un día como el de hoy en 2010, el proyecto político de Cristina nunca tuvo otro candidato que ella misma. Nadie expresa –ni puede expresar– la lógica fundacional de su movimiento, como la razón del líder.
Una condición indelegable, que convirtió el tramo final de su segundo mandato en la construcción de trincheras defensivas y posiciones de ocupación, antes que en la administración responsable de la transición a un nuevo gobierno.
Sólo cuando el agua le llegó al cuello, Cristina dispensó en, pequeñas dosis, algunas acciones de racionalidad ante el conflicto. En todo lo demás, lo atizó como si ya actuase en la jefatura de la oposición al futuro gobierno.
Lo primero ocurrió tras la dramática ola de saqueos y motines policiales con los que el país recordó los 30 años de democracia. Entonces devaluó la moneda (y su palabra, porque había afirmado que jamás lo haría) y envió por el mundo a su ministro de Economía a cancelar deudas impostergables.
Pero en al acto volvió a recalentar cuanto conflicto le fuese útil para sostener la iniciativa y comandó la atropellada institucional para –como lo advirtió alguna vez en la Universidad de La Matanza– conseguir mediante leyes aquello que la reforma constitucional negada le mantenía contraindicado.
El conflicto con los fondos buitre le vino como anillo al dedo. Detrás de una bandera supuestamente nacionalista, empujó al Congreso a la aprobación de leyes de constitucionalidad dudosa. En sus contenidos, como los cambios a la Ley de Abastecimiento, o en los procedimientos de su sanción, como sucedió con la vasta reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial.
La única ley vinculada con el conflicto de la deuda externa, llamada con pompa de pago soberano, ha sido inútil hasta el momento en ese explícito propósito.
¿Pueden informar los diputados cordobeses que votaron esa norma cuántos acreedores ya adhirieron a los términos de pago dispuestos? ¿Lo han preguntado, al menos, los legisladores que –según sus dichos– fueron sorprendidos en su buena fe aportando el cuórum para la sanción?
A la vieja usanza peronista, Cristina se permite actuar a un tiempo como oficialismo y oposición. Porque confía en que la irresponsabilidad de ese comportamiento no provocará una crisis institucional.
Usa y abusa de la responsabilidad sistémica, ya no sólo de la oposición política sino del conjunto de la ciudadanía, todavía memoriosa del incendio nacional de principios de siglo.
El más relevante de los actores que apuestan a la estabilidad de las instituciones es ahora –por convicción personal y necesidad del pontificado– el papa Francisco.
Alguna vez le significó al kirchnerismo la demolición de un aspecto clave del relato. Porque fue la aparición de un enunciador más poderoso, contradictorio con la prédica de la división y con una autoridad moral incontrastable para la Casa Rosada.
Con la reciente utilización del mensaje del papado, siempre crítico con la usura internacional, como un paraguas legitimante de su propia gestión; Cristina recuperó la centralidad perdida en su narrativa y buscó ubicar a Francisco como un coadjutor de su enunciación.
Con todo, la recomposición de fuerzas que intenta la Presidenta ya no viene condicionada por la perspectiva de continuidad sino por el final de su inquilinato en Balcarce 50. La ley de pago soberano incluyó la autoamnistía de los negociadores de la deuda. El proyecto de reforma del Código Procesal Penal busca, a su vez, evitar disgustos como la “cosa juzgada fraudulenta”, que podría amenazar el fallo que la absolvió por enriquecimiento ilícito.
Esa misma reforma prevé armar un ejército de fiscales adictos que puedan obviar cualquier acusación contra los funcionarios de la administración saliente. Mientras, el oficialismo tampoco ceja en su empeño de generar en la Corte Suprema de Justicia una mayoría propia.
Es toda una fotografía de las preocupaciones prioritarias en el despacho de la Presidencia de la Nación: la cadena nacional grabada para enviar el proyecto de reforma procesal penal fue emitida el mismo día que el titular de la Afip admitió que Cristina y el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero, tienen “vínculos comerciales”.
Se entiende entonces por qué el oficialismo, en su búsqueda terminal de palenques confortables, ha invertido el consejo del viejo Vizcacha: según la cantidad de delitos que les atribuyen, conviene menos hacerse amigo del juez y mucho más poner como jueces a los amigos.
