Oyarbide "no descarta" detener a Jaime
El juez podría convocarlo a declarar como acusado por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Norberto Oyarbide "no descarta" convocar a declaración indagatoria, como acusado, e incluso ordenar la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, aunque tal decisión no sería inminente.
Así lo deslizaron a fuentes cercanas a la investigación, luego de que el magistrado prohibiera primero la salida del país del ex funcionario, y luego inhibiera todos sus bienes registrados.
"Todo va a depender de la evaluación que Oyarbide haga de la documentación secuestrada en los allanamientos. Hay cosas importantes, pero todo hace suponer que es sólo una parte y que podría haber mucho más. No hay que apurarse", dijo una fuente estrechamente vinculada con la investigación.
Jaime está bajo investigación por el presunto delito de"enriquecimiento ilícito", que tiene una pena mínima contemplada de dos años de cárcel, razón por la cual es de los considerados "excarcelables".
Precisiones. Pero según la doctrina consolidada por la Cámara de Casación Penal en un fallo plenario de hace dos años, el juez puede disponer la detención preventiva de un acusado si supone que, estando en libertad, podría fugarse o entorpecer la investigación.
"Oyarbide le prohibió la salida del país para evitar que manipulara pruebas en el exterior, en especial en Estados Unidos y Brasil. Y ahora le inhibe los bienes para que no pueda enajenarlos mientras se realiza la investigación. Es decir que sospecha que podría entorpecer la investigación", explicó la fuente.
El Artículo 268 (2) del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
El párrafo final del artículo establece que "la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho".
Las restricciones patrimoniales de Oyarbide contra Jaime incluyen también a su actual esposa y a los hijos de ella.
