Nuevas obras: asfaltan el camino a los problemas

Buena parte de la dirigencia política debe pensar que las brutales crisis fiscales y financieras de en los últimos 50 años son obra de la casualidad. Si no, no se entiende su persistencia en no cambiar de raíz leyes y prácticas administrativas y, peor aun, en restituir las pocas de esas estructuras normativas que, con mucho esfuerzo y altísimos costos políticos, fueron en algún momento modificadas. Hay muchos ejemplos.

Sueldos legislativos. Uno puede detenerse en el único tema por el que se ha hablado de la Legislatura en lo que va del año: el intento frustrado de aumentar sueldos a funcionarios y legisladores. Más allá de la discusión puntual, lo cierto es que la Provincia no puede morigerar el atraso salarial de estos sectores cumpliendo las leyes existentes. Una ley que engancha los sueldos políticos a los judiciales sumada a la ley jubilatoria provincial hacen que una suba que costaría 12 millones de pesos al año termine costando 150, porque obligan a subir sueldos y jubilaciones que no tienen el atraso de los cargos políticos.

El gobierno de Juan Schiaretti tuvo la valentía de encarar solo una reforma parcial de la ley jubilatoria, cuya aplicación plena ya llevó una vez a la quiebra y a la emisión de bonos a la Provincia. Pero eso no fue suficiente para contar con un sistema sustentable. Por eso, a fin de 2009, el Gobierno invitó a Luis Juez y a la UCR a pensar una nueva ley, que se pueda cumplir sin quebrar al Estado y sin condenarlo a gastar fortunas que podrían tener mejor destino que solventar un déficit perenne. Pero éstos arrugaron ante la perspectiva de compartir un costo político que pusiera en riesgo su acceso a la gobernación. Parece que prefirieran gobernar una crisis antes que no gobernar.

Quién no tiene un banco. A nivel nacional los ejemplos sobran. El diputado kirchnerista Carlos Heller impulsa una reforma financiera que, entre medio de todos los artículos, tiene uno que vuelve a poner al Estado como garante de los depósitos de menos de 100 mil pesos. No hace falta recordar lo que sucedió gracias a ese tipo de garantías durante la época de Martínez de Hoz. Cualquiera ponía un banco y tomaba depósitos. La plata desaparecía y se declaraba la quiebra. Y el Banco Central pagaba, emitiendo dinero e inflación. O sea: los que no tenían depósitos de ningún tipo pagaban los costos. De más está decirlo: el mismo proyecto facilita que cualquiera se ponga un banco, otra vez.

¿A los progresistas K no les llama la atención que un banquero le traslade su responsabilidad al Estado?

Ilusión de jubilados. Pero queda la frutilla del postre: la propuesta opositora de aumentar 38 por ciento las jubilaciones y pensiones mínimas, atándolas al salario mínimo, llamando a esto restitución del "82 por ciento móvil". El porcentaje evoca viejas demagogias, cuando el sistema provisional recién empezaba y era fácil pagar el 82 por ciento a pocos recientes jubilados (algunos de los cuales sólo aportaron los últimos años de trabajo) porque eran millones los aportantes. Cuando los jubilados fueron también millones, los altos impuestos al trabajo necesarios para bancar el gasto desbocado habían incentivado el empleo en negro y el sistema se encontró con que nunca había ahorrado. Ahí nos topamos con la hiperinflación de 1988-1989. El gobierno de Carlos Menem se animó a blanquear que no se podía pagar lo que había dejado de pagarse hacía mucho.

Ahora la oposición, harta de ver cómo el kirchnerismo hace política facciosa con dinero del sistema previsional, ha optado por hacer lo mismo. Esta vez, los opositores quieren quedar bien con los jubilados después de que los Kirchner jubilaran a millones de personas que nunca aportaron, sin preguntarles siquiera por su nivel de ingresos, aunque todo eso, así, signifique llevar al límite las finanzas previsionales.

Yo, yo, yo y yo. El gobierno K está en la encrucijada. O se suma a la fiesta o asume un alto costo político. Todo dependerá de si cree o no en la posibilidad de repetir en 2011. Se está tragando su propia medicina después de tanta mezquindad. El año pasado les "robó" el subsidio a la niñez a ATE, a la Iglesia y a Elisa Carrió, que lo habían impulsado. Cristina Fernández no le quiso prestar su Barbie a nadie. No les dejó escribir una coma de la ley y mucho menos compartió el anuncio.

Hace un mes, la Presidenta anunció el salvataje financiero a las provincias como si hubiera acabado de definirlo con la almohada, cuando en realidad la iniciativa fue ideada por el Gobierno cordobés como salida más o menos razonable a una serie de proyectos diversos de muchísimos legisladores. Otra vez, Fernández se colocó a sí misma las medallas.

La mezquindad como cultura política ha transformado a muchos opositores y oficialistas en chiquilines encaprichados que se niegan a diseñar juntos esquemas más sostenibles y justos (por ejemplo para los jubilados que aportaron y cobran miserias) y a afrontar con madurez su puesta en marcha.

A veces dejan sin pavimentar las rutas que llevan a un mejor futuro. Y otras les ponen asfalto nuevo a caminos que ya nos llevaron a varios precipicios.