No más Rufo: se acuerda con buitres o se amplía el “default”

Buenos Aires. En total hermetismo, el Gobierno nacional evalúa qué camino tomar desde hoy en los mercados internacionales de crédito. El dato significativo es que, desde ayer, ya no rige la cláusula Rufo (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas). Es una norma que figura en los bonos que surgieron de los canjes 2005 y 2010 y que les garantiza a quienes aceptaron aquellos canjes que, si Argentina les concedía alguna ventaja extra a quienes no habían ingresado, ellos también podrían reclamar esos beneficios. Cuando la sentencia favorable a los llamados "fondos buitre" quedó firme en Estados Unidos, el Gobierno nacional adujo que, si la pagaba o negociaba con esos holdouts , eso activaría la Rufo y tornaría impagable la deuda pública. Pero eso no estaba claro. Para muchos especialistas, cumplir lo que ordena un fallo no es una negociación ni la concesión de un beneficio, por lo que no era una causal para activar la Rufo.Lo cierto es que, al mismo tiempo, la sentencia del juez Thomas Griesa impidió a la Argentina cumplir en tiempo y en forma con sus pagos a los acreedores que habían ingresado en los canjes, con los cuales ya hubo tres incumplimientos, en una especie de default en cuotas que se va ampliando con cada vencimiento.La batalla discursiva contra los holdouts se permitió a Cristina Fernández remontar las encuestas, pero tiene el inconveniente de ser un retroceso en la normalización de las relaciones financieras argentinas, que el kirchnerismo ya había dado por lograda cuando arregló el canje 2010, percepción que duró hasta que quedó firme el fallo de la justicia de Estados Unidos. No está nada arreglado.Eso quedó en evidencia el 30 de julio, cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, se reunió con representantes de los litigantes en Nueva York, tras lo cual brindó una sorpresiva conferencia en la embajada argentina en Washington y demolió cualquier posibilidad de un acuerdo, incluida la alternativa de que un pool de inversores comprara a los "buitres" los derechos generados por el fallo para reclamar su cumplimiento recién en 2015, para guardar las formas con la cláusula Rufo. En esa ocasión, Kicillof se limitó a reiterar que la única oferta para los litigantes con sentencia a favor era la de los canjes, precisamente la que habían rechazado estos inversores y que dio lugar al juicio.El monto en juego de la sentencia que, se supone, Argentina debe cumplir, es de 1.330 millones de dólares. Pero si a esto se le suman intereses y las presentaciones de los denominados me too ("yo también": holdouts que no litigaron pero que están en igual situación y requieren el mismo fallo), la deuda total a negociar orilla los 10 mil millones de dólares.Si bien en el mercado financiero aún persiste la idea de que la Argentina buscará una negociación con los holdouts que le permita acercarse a la normalidad financiera, una serie de acciones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas intensificó la incertidumbre sobre su real propósito.Esta situación complicó el escenario financiero y le impide al país a acceder al mercado de capitales y obtener las divisas necesarias para sostener la actividad económica. Un acuerdo con los holdouts podría cambiar la perspectiva sobre la evolución de la actividad en 2015.