Narcos en posición adelantada

Hasta septiembre de 2013, se estaba escribiendo un récord en cuanto al secuestro de droga al menudeo en la provincia de Córdoba. Era el primer año de la desfederalización que mandó a la Justicia ordinaria a investigar el chiquitaje en la comercialización de estupefacientes. Los números mostraban un incremento importante en comparación con lo que hasta fines de 2012 estaba a cargo del fuero federal.Las críticas (y los celos jurisdiccionales) igual abundaban: que estas investigaciones no permitían avanzar hacia los casos más importantes; que la cadena se cortaba demasiado abajo; que cerrar un "quiosco" no tenía otro sentido que engordar estadísticas. Pero en el noveno mes de aquel año, todo se derrumbó. Cinco policías de Lucha Contra el Narcotráfico quedaron presos y muchos más bajo sospecha. A los pocos días, 70 de estos agentes fueron removidos a otras dependencias. "No soy narco", gritaba uno de ellos, mientras amenazaba con quitarse la vida en una de las bases antidrogas.El descrédito no se detuvo. Las investigaciones, sí. El último cuatrimestre fue nulo en operativos.La Justicia federal tampoco previó ninguna reacción. No hubo un refuerzo con las fuerzas nacionales. Hoy, la merma en los juicios es notable. Desde la torre de la Justicia federal, se exageró la situación. Se hablaba de que cientos de causas se iban a anular y los narcos volverían a sus barrios, por lo que se vaticinaba "una guerra" para retomar el control. Eran discursos amplificados por comunicadores más interesados en cuestiones personales que por informar.Todo fue así de irresponsable. En las calles, el relato era más sencillo: nadie investigaba la droga. No significa que antes la presión asfixiaba a los traficantes. Tampoco que los que vendían en grande tenían abundantes problemas judiciales. Pero la sola presencia de alguien investigando representaba algún obstáculo. A partir de entonces, todo parecía, en la calle, liberado.Córdoba quedó envuelta en un entramado que jamás pudo explicarle a la sociedad el motivo real del microtráfico. Mucho menos, su real dimensión.Acaso el Gobierno provincial también lo ignoraba. No tuvo espaldas para avalar a sus investigadores. Los dejó solos en la sospecha.Ahora, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que depende del Ministerio Público Fiscal, celebra su primer año. Es hija directa del narcoescándalo.A la luz del escándalo que no fue, surgen las preguntas: ¿era necesaria esta nueva fuerza? ¿O fue fruto del desconocimiento de lo que pasaba realmente en la Policía, inmersa entonces en un autogobierno más que peligroso? Hoy parece existir un control más riguroso sobre cómo se investiga el narcotráfico. Pero se sabe que el tiempo perdido es una ventaja demasiado grande de la que gozan los traficantes, consolidados en por lo menos 25 barrios de la ciudad, según estiman los propios agentes.