Momento de hacer política

Sólo el 32 por ciento de los alumnos argentinos termina el secundario estatal, tituló días atrás el diario español El País .

El derecho a la educación está garantizado por la Constitución. Pero desde hace años ese derecho ha venido claudicando ante el derecho de huelga.

La sociedad ha admitido ese orden inverso de prioridades. La corporación docente alcanzó un triunfo notorio al convencer a la mayoría con dos razonamientos controvertirles: que la calidad educativa sólo está condicionada por el presupuesto, y que el presupuesto es sólo sinónimo de salario docente. Pero habiendo aplicado estas premisas con rigor durante la última década, el resultado fue una caída estrepitosa: dos de cada tres jóvenes buscarán trabajo sin haber concluido la educación secundaria.

Y además, la calidad de esa formación es todo un enigma: en diciembre, Argentina fue excluida de las evaluaciones Pisa 2015 por manipular las muestras.

Si Argentina no enfrenta esta crisis terminal de su sistema educativo, en breve será gobernada por dirigentes cuya condición de elite será el secundario completo, o por otros cuya condición de mayoría será no haberlo terminado.

La coalición que lidera Mauricio Macri prometió torcer ese camino sin freno hacia la decadencia. Tuvo el acompañamiento inicial de un clima de optimismo social que según los últimos sondeos ha comenzado a retraerse.

La oposición política y sindical busca potenciar ese pesimismo porque entiende que de eso depende su supervivencia como alternativa de poder.

Su exponente más relevante es Cristina Fernández, que atiza el descontento para intentar que entre en sintonía con las angustias con las que se desayuna a diario, mientras revisa su agenda personal de citaciones judiciales.

Esta especulación opositora no releva al Gobierno de su obligación primaria: liderar el cambio.

Desde que la oposición puso fin en diciembre a su etapa colaborativa, surgieron voces en Cambiemos que demandan de un modo u otro mayor eficiencia política. El reclamo tiende a ser coincidente: Emilio Monzó pide sumar peronistas; Ernesto Sanz, radicales.

Aunque el consejo provenga de dirigentes de probada habilidad negociadora, la crudeza del planteo sindical y político está demandando una eficacia distinta. Menos vinculada a la sumatoria de accionistas y más orientada a la defensa en la escena pública de las políticas necesarias para cumplir con el cambio prometido.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal coqueteó con la idea de garantizar el inicio de clases con un voluntariado apoyado por el Estado provincial. El ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, desalentó la iniciativa.

Pero en algún momento, si la sociedad argentina se percata del suicidio colectivo al que se está sometiendo con el deterioro del sistema educativo, acaso convendrá evaluar seriamente si un voluntariado de emergencia es una alternativa posible, para una situación de emergencia.

En 1926 Winston Churchill era ministro de Hacienda del Reino Unido. Cuando advirtió que la economía británica iba en caída libre por la escasa competitividad de su industria, motorizó la decisión de su gobierno de enfrentar una huelga general de ocho días liderada por los mineros.

Un voluntariado apoyado por el Estado alcanzó para sostener los servicios públicos con prestaciones mínimas. Los sindicatos perdieron esa pulseada, que no fue fácil tampoco para el gobierno.

Hasta el rey Jorge V –el del discurso en la película famosa– tuvo expresiones condescendientes con el reclamo minero: “Traten de vivir con su salario antes de juzgarlos”, aconsejó.

De salvaje a fascista, a Churchill le dijeron de todo. Caminó luego hacia el ostracismo. Hasta que lo convocaron para enfrentar al autoritarismo, en la segunda gran guerra. Con los resultados conocidos.