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Más jueces federales en el interior

El Gobierno nacional ya anuncia un desdoblamiento de juzgados para la investigación y persecución penal del narcotráfico. Niegan que se prevea aumentar los miembros de la Corte.

08 de marzo de 2016 a las 12:05 a. m.
Redacción La Voz
Más jueces federales en el interior
Germán Garavano. Titular de Justicia de la Nación (Pedro Castillo/LaVoz).

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ratificó la decisión de designar más jueces federales en el interior del país y en ese marco hoy se reunirá con la Cámara Federal de Córdoba. Distendido, el funcionario nacional dialogó con la prensa tras el acto en el Palacio de Justicia de Córdoba, y respondió las siguientes preguntas formuladas por La Voz del Interior . –En el marco del programa de reforma denominado Justicia 2020, ¿sigue firme la decisión de designar más jueces federales, fundamentalmente para las áreas de narcotráfico y corrupción? –Sí. Es una de las partes del programa Justicia 2020. Mañana (por hoy) vamos a estar reunidos con la Cámara Federal de Córdoba. Es un proyecto que apunta a desdoblar los juzgados federales que hoy existen y ­separar la secretaría penal con otro juez, que puede ser uno nuevo o el que está vigente si él acepta ese traspaso. La idea tiende a fortalecer la Justicia federal penal del interior del país. Es clave ese fortalecimiento para la investigación y persecución penal del narcotráfico. Y además, dentro de la aplicación del Código Procesal Penal, necesitamos que los jueces federales penales del interior del país tengan competencia exclusiva en materia penal por cuanto el nuevo sistema prevé audiencias tempranas durante la instrucción del proceso y eso no se podría hacer en un juzgado de múltiple competencias o con múltiples secretarías como funcionan hoy la mayoría. –Mañana (por hoy) comienza en Córdoba el juicio por el narcoescándalo. ¿Tiene alguna visión o postura en relación con este caso? –No tengo ninguna posición respecto a este juicio. Somos muy respetuosos de la Justicia. En esto tratamos de preservar y que la Justicia pueda actuar con absoluta libertad e inde­pendencia. –¿Se contempla aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a siete o nueve miembros, como dicen algunos trascendidos? –No. En este momento lo que es una prioridad para el Gobierno es, a partir de la audiencia que tuvo Horacio Rosatti y la próxima que tendrá Carlos Rosenkrantz, que los pliegos estén en condiciones de ser abordados por el Senado. Tenemos la expectativa de que sean aprobados, de ser posible, en marzo o primeros días de abril para poder completar la Corte de cinco miembros, que hay que dejarla funcionar. –¿Se prevé dentro de la reforma ponerle un plazo al mandato del Procurador General que actualmente no lo tiene? –Sí. Estamos elevando un proyecto de reforma a la orgánica del Ministerio Público en las próximas semanas, donde se prevé ponerle un plazo. Como de hecho lo tienen Córdoba, Salta y Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo que otros cambios del sistema acusatorio como ustedes lo han vivido en Córdoba para que realmente funcione bien y en equilibrio. Lo que se necesita es que el fiscal general no acumule todo el poder como si fuera un sistema inquisitivo desnaturalizado. Sino que es un sistema donde tiene que haber equilibrios entre las partes con los jueces, con absoluta independencia, para que puedan resolver esos casos que plantea la fiscalía o la defensa. Y en la Nación el proceso que se dio fue de acumulación de poder, que nosotros con un proyecto de ley estamos tratando de corregir para poder implementar en el transcurso del 2017 con la comisión bicameral del Código Procesal Penal nuevo. –¿Cómo es la relación suya con la Justicia provincial? –La nuestra es excelente tanto con la Justicia de Córdoba como con el Ministerio de Justicia provincial, con el que estamos trabajando fuertemente y firmamos varios convenios.

Una cárcel federal

Con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, los ministros de Justicia provincial, Luis Angulo, y nacional Germán Garavano, firmaron un convenio para construir una cárcel federal en Córdoba para alojar a personas privadas de la libertad ya sean procesadas y/o condenadas por la Justicia federal.