Mackentor y el círculo de una pesadilla de casi 40 años

"Hoy tengo 89 años, mi salud es cada vez peor, he perdido la vista y sólo me queda la esperanza de un acto de justicia después de 37 años de injusticia". El 24 de septiembre de 2014, desde México y a través de Internet, Camilo Kejner leía al Tribunal una declaración de su padre, Natalio, que estaba a su lado. La carta concluía: "Una sentencia judicial veraz al menos logrará honrar a los muertos". Sólo la verdad hace posible lo justo. A veces se convierte en la máxima riqueza a la que una persona puede aspirar, sobre todo cuando los caminos que conducen hacia ella parecen cerrados. Hay muchas maneras de verla, de reconocerla y hasta de perderla, pero cuando se trata de los hechos, de lo que ha pasado y de lo que se ha dicho, es esencialmente una sola. Aquella declaración que Natalio Kejner dejó unos meses antes de morir regresó a la sala de audiencias el martes pasado, cuando entre los fiscales Facundo Trotta y Virginia Miguel Carmona desplegaron el alegato por la apropiación de la empresa Mackentor y el secuestro y tortura de una veintena de sus directivos y empleados.

INFORME ESPECIAL. A 40 años del golpe.

Facundo Trotta, uno de los fiscales de la causa.

Es otro de los casos que hacen al de la megacausa un juicio histórico. "Por primera vez en nuestra provincia, estamos juzgando el proceder del Ejército que, sin mediar ninguna orden judicial, se apropió de todo un grupo empresario", dijo Trotta. Es decir, un robo, aunque la excusa fuera una supuesta conexión con la subversión.Antes que nada, la Fiscalía advirtió que Mackentor no sólo se trataba de una empresa que se componía de capitales nacionales para abordar las grandes obras de construcción de entonces, sino que además tenía "una concepción socialista": las acciones se habían dividido entre el socio fundador y los empleados destacados. La señalada usurpación del Ejército realizada en abril de 1977 tuvo su "legitimación" a través de la intervención del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, de quien Trotta no dudó en señalar de que si estuviera con vida, estaría sentado en el banquillo de los acusados de este juicio por complicidad.

Las empresa, ya en otras condiciones, fue devuelta en 1982, pero la desventura los accionistas no terminó con el regresó de la democracia: "Nunca quisieron investigar a fondo lo que había pasado con Mackentor (...). El mayor agravio fueron los honorarios que tuve que pagar como consecuencia de la prescripción de mi derecho", había dicho Nicolás Kejner sobre la actuación de la Justicia federal de Córdoba, la misma que ahora, con otros jueces, lleva adelante el juicio de La Perla. Esos honorarios precipitaron finalmente la quiebra de la empresa, según lo reafirmó Trotta: "Para ser claros: el Estado se roba la empresa, luego la devuelve empobrecida; el dueño le reclama al Estado, el Estado condena con costas al dueño, la empresa no puede hacer frente a esas costas, los acreedores de las costas peticionan la quiebra". Ese círculo de pesadilla es el que ahora se intenta romper. El fiscal coincidió con el pedido del abogado querellante, Juan Carlos Vega, y planteo la nulidad de las decisiones judiciales. Todos los actos y resoluciones dictadas con posterioridad al robo de la empresa no "pueden ser consideradas válidos, pues lejos de hacer cesar los efectos de este delito de lesa humanidad, fueron convalidando dichos efectos y revictimizando a las víctimas".En otra situación excepcional, Facundo Trotta pidió, además, la reparación económica de los afectados. "Este tribunal, como parte del Estado, no puede limitarse a sancionar con pena de prisión a los autores de estos crímenes, sino que además debe restablecer los derechos conculcados y la reparación de los daños producidos por la violación a los derechos humanos".Sólo la verdad hace posible lo justo. Natalio Kejner murió después de casi 40 años de pelear por la suya.